Pide a la acusación popular y al Ministerio Fiscal que presenten el escrito de calificación de hechos
LEGANÉS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Emilio Fernández ha decretado la "apertura de juicio oral" en la causa que se sigue contra el ex alcalde de Leganés y actual diputado por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez, y otros ocho colaboradores de su Gobierno por autorizar, durante la última junta de Gobierno de la pasada legislatura, el abono de 101.478 euros a la empresa 'Cuadrifolio' sin seguir presuntamente los trámites necesarios.
Según el auto fechado el pasado día 2 al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor ha dado traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la acusación popular --representada por el PP-- para que "en el plazo de diez días presenten el oportuno escrito de calificación de los hechos y de proposición de prueba".
El magistrado había ordenado el pasado abril el sobreseimiento de la causa, pero el Partido Popular interpuso un recurso de apelación para impugnar esta resolución judicial que fue aceptado el pasado 13 de octubre, de tal manera que el magistrado ha tenido que decidir de "modo razonado sobre la apertura del juicio oral".
En los fundamentos de derecho, el magistrado argumenta que la apertura de juicio a instancias solamente de la acusación popular está justificada en este caso porque los delitos podrían afectar "a bienes jurídicos de carácter colectivo sin que exista posibilidad razonable de que se persone un interés particular". Esta situación, según el auto, facultaría a reconocer a la "acusación popular legitimación suficiente para pedir por si sola la apertura del juicio oral".
En la causa aparecen, además del ex alcalde, el actual concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Leganés, Antonio García; las ex concejalas Margarita Pedruelo, Yolanda Sevilla y Rita Salinas; los ex ediles Mariano Maroto, Florencio Izquierdo y Francisco Arroyo; y la ex directora de Servicios Informáticos del Consistorio Virginia Moreno.
En octubre de 2009, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó que, en los fundamentos de derecho del auto, que los seis ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago fueron "ilustrados de las anomalías en que incurrían" por parte de Intervención y del secretario municipal.
Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno. Tras ello, prestó declaracón el actual portavoz de Hacienda, Antonio García, que fue el responsable elevó a la Junta de Gobierno local el pago porque, según declaró, contó con un informe favorable de un técnico, concretamente de la ex directora de los Servicios de Información del Consistorio, Virgina Moreno, quien también declaró ante el TSJM.
Ya en abril, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que "los hechos no son integrantes de delito alguno" y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar "personado en el proceso acusación particular alguna". Tras el recurso de apelación del PP, la Sala de lo Civil y lo Penal estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.
