MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Madrid ha acusado a Hostelería Unida 2, la empresa responsable de la restauración en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, ubicado en el paseo de la Castellana, de aprovechar el cierre temporal de las instalaciones para prescindir de 37 empleados.
En un comunicado, el sindicato ha recordado que el Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha decidido suspender temporalmente, hasta el próximo 31 de abril, todas las actividades en las instalaciones después de determinar que hay que acometer obras de mejora y seguridad dado su "estado deficiente de conservación".
"Los trágicos acontecimientos acaecidos en el Madrid Arena están teniendo, también, secuelas muy negativas para los trabajadores de otros espacios de eventos y congresos de la capital como es el caso de los trabajadores de la empresa de restauración del Palacio de Congresos y Exposiciones del Paseo de la Castellana 99 de Madrid", ha señalado.
Y es que el sindicato ha criticado que aprovechándose de esta circunstancia, la empresa Hostelería Unida 2 ha dejado al conjunto de la plantilla, 37 trabajadores, "en una situación de indefensión legal absoluta".
Según ha explicado a Europa Press Francisco Arenas, de la Federación, la plantilla lleva tres meses sin cobrar sus salarios, no se les ha abonado las indemnizaciones y los finiquitos correspondientes, y se han rescindido los contratos unilateralmente por parte de la empresa, alegando que es Turespaña la que se tiene que hacer cargo de la plantilla.
Sin embargo, ha asegurado que, por su parte, Turespaña "no reconoce la relación laboral y los trabajadores, ni cobran sus nóminas, ni pueden cobras las prestaciones de desempleo". En la resolución dictada por el Instituto sobre el cierre temporal de las instalaciones consta que la suspensión temporal no implica "en ningún caso la suspensión de la relación contractual con los prestadores de servicios del Palacio de Congresos".
La Federación asegura que en la actualidad los trabajadores desconocen cuál es su situación legal y con quien están vinculados jurídicamente para poder ejercer las acciones en la defensa de sus derechos, por lo que exige a la empresa y a la administración que se "pongan de acuerdo" para que los empleados "no se vean perjudicados por el cierre y pongan en grave riesgo sus puestos de trabajo".
