UPTA y afectados por el fin de los contratos de renta antigua se reúnen mañana con el Grupo Parlamentario Socialista

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y afectados por la finalización de los contratos de renta antigua se reúnen mañana con el Grupo Parlamentario Socialista, ha informado UPTA en un comunicado.

El objetivo es estudiar iniciativas parlamentarias que puedan solucionar el problema que afecta a miles de comercios españoles que el próximo 31 de diciembre pueden cerrar por imposibilidad de renovar en condiciones adecuadas sus contratos de alquiler.

Por parte del PSOE acudirán las diputadas Pilar Lucio y Leire Iglesias, pertenecientes a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE; el diputado Félix Lavilla y el senador Juan Manuel Fernández.

El Real Decreto Ley 2/1985 de medidas de política económica procedió a la supresión de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento, celebrados a partir del día 9 de mayo de 1985.

La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual Ley. Todo ello atendiendo a las especiales dificultades económicas que entonces se producían y que afectaban de manera particular a los sectores de servicios y comercio minorista.

Si nada lo impide, el día 1 de enero de 2015, inevitablemente, muchos de nuestros comercios tradicionales, en todo el país, y particularmente en los centros de las capitales y de las principales localidades, se verán obligados a negociar un nuevo contrato de arrendamiento.

Todo ello con un incremento de renta de tal magnitud que en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica, más grave aun que la de 1995, hará inviable su supervivencia.

Con el fin de abordar este problema, la Plataforma constituida por los afectados considera imprescindible que el Congreso de los Diputados promueva una modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 29/1994.