Víctimas de los DDP en la discoteca Caña Brava relatan el brutal ataque con tiros y machetazos

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Víctimas del ataque lanzado por miembros de los Dominicans Don't Play (DDP) en una discoteca de Fuenlabrada han relatado en el juicio la brutal agresión que sufrieron a manos de varios encapuchados con disparos y machetazos, lo que provocó la muerte de un joven de 21 años y tres heridos de gravedad.

Lo ocurrido tuvo lugar a la madrugada del 3 de octubre de 2022 en las inmediaciones de la discoteca Caña Brava tras un concierto vinculado al entorno de bandas juveniles. El ataque se produjo como represalia por un tiroteo anterior a manos de miembros de los trinitarios.

Entre los cuatro acusados, figura el considerado como 'Suprema' del Coro de Campamento de la banda, así como dos miembros intermedios de la organización criminal, declarada ilegal en 2014 por el Tribunal Supremo. Por estos hechos ya fueron condenados hace más de un año dos menores de edad como autores materiales de los disparos.

En la fase testifical, uno de los heridos ha relatado que estaba con tres amigos en un concierto y a la salida del local se produjo el ataque de forma sorpresiva. "Escuché disparos y me giré. Vi a dos chicos que venían hacia mi. Me dieron con el machete en la cabeza y en la mano. Me quedé en shock", ha narrado indicando que nunca había tenido problemas con bandas.

Otra joven ha detallado que varios chicos bajaron de una furgoneta con pasamontañas portando machetes y pegando tiros, resultando herido uno de sus amigos. "Vi cómo a W. le dieron con un machete en la cabeza y empezó a sangrar", ha señalado. Otro testigo ha relatado que los agresores le miraron directamente fueron hacia él.

El fiscal y el abogado del fallecido, el letrado José María Andrés Cervera, solicitan para el principal acusado una condena de prisión revisable permanente por el asesinato y 75 años de cárcel por las dos tentativas.

En su informe previo, el abogado de uno de los acusados solo por pertenencia ha negado tal integración, aseverando que la Policía hizo un montaje para vincularle a los hechos.

Por su parte, La letrada del acusado que trasladó a los menores autores materiales ha defendido que su cliente no sabía lo que iban a hacer y aceptó ese trabajo a cambio de droga porque estaba enganchado a la droga.

Los procesados niegan su intervención en el asesinato en base a la condena de los menores autores materiales. Sin embargo, la acusación particular sostiene que las grabaciones de las cámaras de la zona les captaron un día antes en el escenario del crimen planificando el ataque.

En su informe previo, el fiscal subrayó ayer que la banda de los DDP es "una organización criminal" y ha sido disuelta como tal por los tribunales de justicia. "No son escrupulosos a la hora de elegir a sus víctimas. Todos somos víctimas potenciales", ha reseñado.

El juicio tratará de esclarecer la planificación del ataque, la autoría intelectual y la relación entre los acusados y el joven fallecido. El jurado popular deberá determinar si existió una organización criminal detrás del crimen y el grado de responsabilidad de cada procesado.

PLANIFICACIÓN

La Fiscalía sostiene que varios de los acusados planificaron el asalto y facilitaron la logística, incluyendo una furgoneta con placas falsas para la huida. Dos menores -ya juzgados en la jurisdicción de menores- habrían ejecutado materialmente el ataque.

Según la acusación, los agresores dispararon y atacaron con un machete de forma sorpresiva a varias personas que se encontraban en el exterior del local tras finalizar el evento. Un joven murió en el acto por un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca.

Otras tres víctimas resultaron gravemente heridas por disparos y cortes, con lesiones que requirieron hospitalización, intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación, además de secuelas permanentes.

La Fiscalía atribuye a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su vinculación con organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y delitos relacionados con la tenencia de armas.

Otro acusado se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un cuarto está procesado como cooperador necesario en el asesinato y los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.