MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Contratos de Distribución, que busca reducir los conflictos entre los proveedores y los distribuidores, aumentar la transparencia, acabar con la imposición de compras y con la ausencia de plazos en los contratos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aseguró que la nueva Ley de Contratos de Distribución es "un instrumento normativo absolutamente necesario para mejorar la distribución comercial y para facilitar la vida de los ciudadanos".
Desde el Gobierno se resaltó que la intención de esta nueva iniciativa legislativa es responder a la necesidad de poner en marcha una norma que regule los contratos de distribución, lo que ha sido "ampliamente demandada" por parte de diferentes sectores.
De esta manera, se renovará la normativa actual, contenida en el Código de Comercio y en normas especiales, y se respetará la libertad de pacto entre las partes, al tiempo que se regulan una serie de cuestiones mínimas en las que se encuentran la mayor parte de los orígenes de los problemas.
Los principales objetivos de esta nueva legislación son mejorar la transparencia en contratación entre proveedores y distribuidores, así como reequilibrar la capacidad negociadora de las partes, establecer reglas de contratación claras y que ofrezcan un régimen supletorio mínimo ante la ausencia de previsión contractual por las partes y promover la elaboración de Códigos de Conductas Sectoriales.
Este texto legislativo nace con la finalidad de solucionar diferentes situaciones conflictivas y, ante la imposición unilateral de condiciones, se establece el deber de información precontractual, así como el deber de confidencialidad y, ante la falta de claridad de condiciones, se propone la formalización escrita y con modificaciones consensuadas.
Este proyecto de Ley también contempla que las inversiones impuestas serán consignadas en la información anterior al contrato y su plazo de amortización deberá ser acorde con la duración del mismo. Además, los objetivos comerciales deberán establecerse "bajo la base de las necesidades de abastecimiento del mercado y compras mínimas" y sobre estimaciones "razonables".
Esta norma también recoge que no se podrán facturar productos no requeridos, así como que los cambios en los precios deberán ser comunicados por adelantado, con un plazo fijado por defecto de 30 días y el distribuidor tendrá que contar con el consentimiento del proveedor para realizar campañas publicitarias.
Esta legislación favorecerá, entre otros, al sector de la distribución de prensa, así como al de la hostelería, restauración y bares, que podrán ver sus consecuencias con ahorros provenientes de facturas incorrectas por falta de claridad en las condiciones contractuales.
AUTOMÓVIL
Con esta normativa se persigue poner fin a los conflictos surgidos entre las asociaciones del sector del automóvil, en relación con las discrepancias comerciales entre los fabricantes de vehículos y los concesionarios.
Como paso previo a la llegada de esta Ley, las principales asociaciones del sector del automóvil firmaron recientemente el Código de Buenas Prácticas de la distribución, que regirá las relaciones comerciales entre marcas y concesionarios.
El documento, consensuado tras un período de negociación que incluyó ocho reuniones, se ha suscrito por las asociaciones de fabricantes (Anfac), importadores (Aniacam), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).
