Actualizado 16/07/2009 20:32

Innova.- Un estudio de la UPCT cuestiona la ley que prohíbe fumar en los locales de hostelería

MURCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha puesto en cuestión los impuestos indirectos que gravan al tabaco y la ley que prohíbe fumar en los locales de hostelería, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del Ministerio de Ciencia e Innovación consultadas por Europa Press.

Uno de los autores de esta investigación, Ángel López, tanto los impuestos como las restricciones al consumo "son medidas que imponen pérdidas de bienestar para las personas que fuman con plena soberanía, es decir aquéllas que valoran el placer de fumar en mayor medida que el coste presente y futuro del hábito".

No obstante, ante las estimaciones de costes privados y la evidencia de que la mayoría de fumadores desea dejar de hacerlo, la hipótesis de que impuestos y restricciones al consumo aumentan el bienestar social neto "cobra plausibilidad", según el investigador.

En cualquier caso, los investigadores argumentaron que "son deseables las medidas de prevención y control que aumenten las opciones de los individuos sin interferir en las decisiones de aquellos que con plena soberanía desean fumar".

La investigación, que aparece publicada en la 'Revista Española de Salud Pública' elaborada por López y su compañera Arántzazu Viudes, revisa los principales argumentos económicos para el análisis de las políticas de control del tabaquismo, y describe los fallos de mercado desde diversos paradigmas.

Según declaró López, "no contrastamos una hipótesis concreta, sino que hemos hecho una revisión de los estudios sobre el consumo de tabaco desde el punto de vista económico, tanto la visión tradicional como los avances recientes".

De esta revisión se desprende, por ejemplo, que fumar es una elección personal que puede generar pérdidas netas de bienestar para el resto de los miembros de la sociedad y para la familia de la persona fumadora, pero sobre todo para ella misma. "Sobre esta base existe una justificación económica para intervenciones correctoras por parte del Estado", explicó.

El artículo también discute dos de las medidas de prevención más relevantes hoy, como la prohibición de fumar en los locales de hostelería y los impuestos sobre las labores del tabaco.

Los economistas avanzaron que "las medidas dependen de los mecanismos que generan pérdidas de bienestar", y que los impuestos "se han justificado tradicionalmente como correcciones por los costes impuestos al resto de la sociedad, ya sea por un supuesto desequilibrio entre impuestos y pagos desde el sector público, o por daño derivado del humo ambiental".

En este sentido, López consideró que los impuestos para los gastos que genera el tabaco no son suficientes "si se tienen en cuenta todos los gastos relevantes, ya que la evidencia disponible indica que no".

En su trabajo, y según las evidencias cotejadas, las externalidades financieras "son compensadas parcialmente por el nivel impositivo aplicado en muchos países industrializados".

Sin embargo, la justificación más sólida para el aumento de los impuestos radica "en la existencia de fallos en la soberanía del consumidor, tanto al empezar a fumar como al intentar dejarlo y mantener tal decisión. Dichos fallos generan demanda de mecanismos de autocontrol, y el alto precio es uno de los mecanismos más efectivos", explica el economista.

"No se puede decir en ningún caso que una sociedad con fumadores sea 'per se' económicamente ineficaz", según López, quien explica que "depende de si los fumadores son plenamente conscientes del daño que se causan a sí mismos y fuman porque lo desean (no porque no se pueden desenganchar), y si compensan al resto de la sociedad por los costes externos que generan", algo que consideró "bastante difícil".

Los impuestos sobre el tabaco, dice el estudio, también se justifican por la existencia de externalidades derivadas del uso social del tabaco y por la posible inadecuación de considerar como costes privados los costes impuestos por el humo ambiental al resto de familiares.

La restricción del consumo en lugares públicos cerrados es otro potente mecanismo de autocontrol y supone "una segunda solución al problema de las externalidades derivada del humo ambiental".