MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Análisis Político de la Universidad de Murcia (UMU) llevará a cabo un proyecto de investigación que tratará de averiguar los motivos de la corrupción política en España asociada a la actividad urbanística, según fuentes del departamento de Promoción de la Investigación de la institución docente (Prinum), dependiente del Vicerrectorado de Investigación, consultadas por Europa Press.

En concreto, el proyecto abordará la corrupción urbanística desde la perspectiva de los problemas del control de la integridad de los representantes públicos y partirá de la hipótesis de que el marco institucional en que se ha llevado a cabo la política urbanística en España hasta la reciente Ley de Suelo de 2007 "ha generado formidables incentivos para la corrupción".

En este sentido, intentará analizar el marco legal e institucional, con sus correspondientes incentivos, en el que los gobernantes municipales "han tomado en años recientes sus decisiones en el terreno de la política urbanística".

Igualmente, la investigación atenderá "especialmente a los marcos institucionales que permiten que el representante público tenga margen de maniobra suficiente para favorecer intereses particulares espurios a la hora de decidir la política urbanística de un municipio sin incumplir aparentemente la legalidad".

Además, tratará de analizar la forma en que operan e interactúan las redes de actores involucrados en estas políticas, así como el funcionamiento y el rendimiento de los mecanismos institucionales de control con los que el sistema político y legal trata de evitar el uso en beneficio particular del desempeño de un cargo público, esto es la corrupción política, y cuáles son las estrategias con las que los actores que participan en las redes de corrupción procuran desactivarlos.

Este proyecto, que se titulará 'El control de la integridad de los representantes públicos en España I: la corrupción política asociada a la actividad urbanística', contará con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y su investigador responsable será Fernando Jiménez Sánchez.

Según las bases preliminares del estudio, llevará a cabo esta labor "obviamente, con especial análisis de los mecanismos relacionados con el control de los gobiernos y administraciones locales y las estrategias de las redes de corrupción en el ámbito local".

Asimismo, el proyecto analizará y evaluará los efectos de la Ley 8/2007 de Suelo para la contención de la corrupción urbanística en la segunda fase de la investigación, y pretende "constituir un grupo estable para la investigación de la corrupción política y el control de la integridad de los representantes públicos".

Para ello, la UMU planteará un estudio de casos en municipios mayores de 20.000 habitantes que hayan experimentado un fuerte ritmo de crecimiento urbanístico con la intención de identificar las variables independientes que podrían explicar la existencia de corrupción urbanística en determinados municipios hasta la ley del suelo (Ley 8/2007) y también estudiar los efectos de la citada ley a partir de su implementación.

En este sentido, el grupo avanzó que se realizarán una serie de estudios de caso que incluyan ejemplos de municipios afectados por la corrupción y de municipios que, reuniendo condiciones análogas de potencialidad urbanística, no hayan sido afectados, estos últimos con la finalidad de efectuar un análisis de contraste y de validar el conjunto de variables clave explicativas del fenómeno.

Con la única excepción de un estudio del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología sobre la Costa del Sol, Prinum destacó que "no hay estudios empíricos que aborden este problema, pese a su extensión y a la relevancia de los efectos de la corrupción sobre la legitimidad de las instituciones democráticas".

Según el estudio, las razones que llevan a plantear la investigación "son de una triple naturaleza, por un lado una cuestión de hecho, y es que el planeamiento y la gestión urbanística en el ámbito del gobierno local es una de las principales fuentes de corrupción política en nuestro país".

En segundo lugar, la UMU alegó "una cuestión práctica, ya que la corrupción política no sólo produce resultados altamente ineficientes desde el punto de vista económico, sino que también genera graves problemas para la estabilidad política: contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en el sistema político, lo que genera un serio problema de deslegitimación de las instituciones políticas".

Por último, el estudio está motivado por una cuestión teórica, ya que "con contadas excepciones, las ciencias sociales españolas no han dedicado demasiada atención al estudio de este problema", y el Grupo de Análisis Político de la UMU propondrá, además, "constituir un grupo de investigación estable sobre la corrupción política y la integridad de los representantes públicos".

A juicio de la UMU, los incentivos para la corrupción han procedido de una doble fuente, por un lado "la gran repercusión económica que las decisiones públicas en manos de las autoridades locales, fundamentalmente, tienen sobre los usos urbanísticos del suelo en España, que hace que la tentación para 'comprar' una decisión pública que altere el uso urbanístico declarado de un suelo concreto resulte difícil de resistir".

Además, indicó que "si el mercado de la promoción inmobiliaria está oligopolizado (o monopolizado), la probabilidad de corromper a las autoridades públicas se hace aún mayor".

Por último, subrayó que "la insuficiencia, tanto en número como en alcance, de los mecanismos existentes de control sobre las decisiones individuales que se llevan a cabo en la política urbanística española".