MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular en el caso 'Púnica', instará al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue al actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en relación a los contratos para mejorar su reputación 'online', según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Estas mismas fuentes han afirmado que la acusación popular, tras analizar el informe de la Anticorrupción presentado este lunes en el que se opone a que Sánchez sea investigado, prepará un escrito en el que expresará el criterio contrario a la Fiscalía ya que, por su parte, sí ven indicios suficientes para la imputación del entonces consejero de Educación de Murcia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acusó al presidente murciano, en un auto que se dio a conocer este lunes, la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la pieza III de la relativa a las supuestas irregularidades en Murcia.
Según explica el juez en este auto, Sánchez concertó en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.
Ante este auto, Anticorrupción presentó un informe a Velasco en la que se opone a esa exposición razonada y por tanto a que se le investigue a Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada --tres delitos menos de los que señala el juez-- al considerar que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse.
Velasco dirigió el procedimiento contra otras 21 personas, entre ellas la senadora del PP Pilar Barreiro, a la que acusa de otras cinco conductas presuntamente delictivas.
