La Asamblea aprueba exigir la homologación de kits portátiles para conductores con movilidad reducida

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de la Nación a adaptar la normativa de tráfico y permitir la homologación de sistemas de conducción portátiles y removibles para personas con movilidad reducida (PMR).

La iniciativa busca acabar con la "rigidez normativa" que impide a estos conductores utilizar vehículos de sustitución, de alquiler o prestados cuando su coche adaptado habitual no está disponible.

La diputada 'popular' Sonia Ruiz ha defendido que la tecnología ya permite adaptar un vehículo en minutos mediante kits que no requieren reformas estructurales permanentes, una solución que ya funciona en países como Francia, Alemania o Reino Unido.

"La adaptación en España está pensada para el vehículo y no para la persona", ha denunciado Ruiz, quien ha subrayado que esta medida no supone un gasto estructural, sino una actualización regulatoria para garantizar la "autonomía real" y evitar que los usuarios dependan de terceros ante imprevistos mecánicos.

El texto final ha incorporado enmiendas del PSOE y de Vox para reforzar la viabilidad de la propuesta. En concreto, se ha aceptado la simplificación de procesos administrativos sugerida por los socialistas y la unificación de criterios técnicos en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) propuesta por Vox.

No obstante, el PP ha rechazado la creación de un nuevo informe jurídico-técnico por considerar que "retrasaría la solución" a un problema técnico que ya está identificado y resuelto tecnológicamente.

Durante el debate, la diputada socialista Antonia Benza ha calificado el sistema de "disuasorio" y "laberinto burocrático" y ha criticado que los conductores con discapacidad deben pagar primas de seguro más altas sin recibir a cambio vehículos de sustitución compatibles.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, María José Ruiz, ha criticado que la normativa española actual trate igual una reforma estructural que un kit desmontable, mientras que José Luis Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha instado a las administraciones a implicarse para que el coste de estos dispositivos no constituya una barrera adicional.

Según los datos aportados en la Cámara, esta medida beneficiaría a las más de 160.000 personas con discapacidad residentes en la comunidad autónoma, garantizando que el derecho a la movilidad no quede supeditado a la disponibilidad de un único vehículo concreto.

RECHAZADO UN PLAN DE RESCATE PARA AUTÓNOMOS

Además, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Vox que proponía un plan de rescate para el sector de los trabajadores autónomos. La iniciativa ha decaído con nueve votos a favor y 36 en contra.

La cámara ha rechazado las enmiendas de totalidad presentadas por el Partido Popular (21 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones) y por el Grupo Mixto (Podemos-IU-AV).

Durante la defensa de la moción, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la "asfixia fiscal" que sufren los 106.000 autónomos de la Región y ha señalado que en 2026 el sistema obliga a pagar cuotas superiores a los 500 euros mensuales.

Martínez Alpañez ha calificado de "estafa" la ayuda regional de 700 euros por baja laboral anunciada por el Gobierno de Fernando López Miras y ha afirmado que su presupuesto de dos millones de euros "no llega ni al 2% de cobertura" del colectivo.

Por su parte, la diputada del PP, Josefa Carreño, ha defendido su enmienda basada en la "cuota cero", incentivos a la contratación y medidas de conciliación, al tiempo que ha acusado al Gobierno central de Pedro Sánchez de utilizar a los autónomos como "un cajero automático al que exprimir".

Carreño ha destacado que en Murcia "al autónomo se le cuida" y ha pedido elevar a nivel nacional la exención de cuotas desde el primer día de baja por enfermedad.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha criticado las "recetas" de Vox, acusándoles de proponer bajadas de impuestos "a los más ricos" bajo el pretexto de ayudar a los pequeños negocios.

Por su parte, la socialista Virginia Lopo ha rechazado la idea de "extinción" del sector, al tiempo que ha subrayado que España y la Región registran "máximos históricos" de afiliación al RETA y ha defendido el sistema de cotización por ingresos reales como un modelo "justo y progresivo".