La Asamblea aprueba subir el 6% el precio de las plazas concertadas de mayores, discapacidad y atención temprana

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado hoy por unanimidad la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para incrementar en un 6% el importe de las plazas y del Servicio de Atención Temprana en los conciertos sociales y convenios de los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y un impacto estimado de 9,8 millones de euros.

La iniciativa, que se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, ha sido defendida por el diputado 'popular' Miguel Ángel Miralles, que ha subrayado que hoy "se ha hecho política de verdad", orientada a "mejorar la Región" y a poner "especial atención en quienes más lo necesitan". Ha explicado que el objetivo de la proposición de ley es "subir un 6% los precios plaza de los servicios", previa negociación con los sectores, para que las entidades puedan abonar los salarios conforme a los convenios colectivos y mantener una atención de calidad.

Miralles ha resaltado el "gran esfuerzo" presupuestario que ha asumido el Gobierno regional, que ha considerado "de justicia" para que las asociaciones y los servicios de atención temprana, discapacidad y mayores hayan podido sostener los tratamientos y plazas "con profesionalidad y vocación", y ha reivindicado el trabajo de los profesionales, a los que, ha dicho, se les reconoce así "el sueldo que merecen".

El Grupo Socialista ha anunciado su apoyo, pero ha criticado con dureza el retraso en la tramitación. La socialista Virginia Lopo, ha señalado que se trata de una proposición de ley "que debería haber pasado por la Cámara hace meses" y ha denunciado un "incumplimiento de plazos reiterado" por parte de la Consejería, que, a su juicio, se ha repetido "año tras año".

Lopo ha recordado que las entidades llevan meses esperando una actualización que "como mínimo" debería haber estado aprobada en verano para haber podido planificar, contratar y estabilizar plantillas en un contexto de inflación, subida de costes energéticos y dificultades para retener profesionales. Ha advertido de que muchos centros "han estado al límite", han tenido que reducir inversiones, paralizar mejoras o endeudarse, y ha calificado de "irresponsabilidad política" y de "falta de respeto a los más vulnerables" que el incremento haya vuelto a llegar en diciembre.

Desde Vox, María José Ruiz también ha respaldado el fondo de la medida, pero ha reprochado al Ejecutivo de Fernando López Miras que "haya vuelto a llegar tarde". Ha lamentado que el incremento no haya sido tramitado en julio, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos, y ha acusado al Gobierno regional de "reaccionar en vez de prevenir".

Ruiz ha asegurado que las organizaciones que atienden a personas vulnerables llevan tiempo "asfixiadas" por los incrementos salariales derivados del IPC y de los convenios, y ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber sido "mal pagador" y de recurrir a "proposiciones de ley exprés" para dar salida a problemas que, según ha dicho, "él mismo ha provocado por falta de gestión". Asimismo, ha cuestionado los anuncios sobre creación de nuevas plazas residenciales y de día, señalando discrepancias entre las cifras avanzadas por la Consejería y las finalmente aprobadas en Consejo de Gobierno.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha avanzado también su voto favorable, pero ha llamado la atención sobre la falta de previsión para 2026. Ha recordado que, mientras se ha aprobado el incremento para 2025, las entidades del tercer sector encaran el 1 de enero del próximo año "con la misma incertidumbre presupuestaria" respecto a los futuros incrementos y sin que se haya presentado aún el proyecto de presupuestos para 2026.

Álvarez-Castellanos ha advertido, además, de un desajuste entre el coste total estimado de la medida, que ha cifrado en torno a 9,2 millones de euros sumando los distintos conceptos, y el incremento de 5,8 millones contemplado en las partidas presupuestarias de 2025, lo que, según ha dicho, ha dejado "unos 3,4 millones en el aire". Ha reclamado que se aclare de qué créditos se detraerá esa cantidad adicional y ha avanzado que su grupo ha decidido pedir explicaciones a la Consejería en sede parlamentaria.