La Asamblea pide que se reforme el Código Penal para incorporar pruebas de drogas a las de alcoholemia en los controles

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la UE y Derechos Humanos ha aprobado por unanimidad una iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular en la que se pide al Gobierno de España que modifique el Código Penal. El objetivo de la iniciativa es, según ha explicado la diputada del PP María del Carmen Ruiz, "perseguir de forma más efectiva los delitos por conducción bajo lo efectos de las drogas".

En ese sentido, lo que ellos piden es que a las pruebas de alcoholemia que se realizan en los controles que realiza la Policía y la Guardia Civil se incluyan también pruebas de drogas.

La parlamentaria ha recordado que el 43,4% de los conductores fallecidos en las carreteras el año pasado habían consumido drogas y alcohol, lo que supone 232 personas fallecidas. A su juicio, la mayoría de las condenas por haber consumido drogas se tramitan por la vía administrativa "lo que produce una sensación de impunidad".

En ese sentido, ha recordado que en 2017 de las 1.287 personas que dieron positivo en la prueba de drogas en la Región solo cuatro acabaron con un atestado en vía penal.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para desbloquear las actuaciones necesarias para que las ciudades de la Justicia de Cartagena, Lorca y Molina de Segura "sean una realidad en el más breve plazo posible".

La iniciativa, presentada por Valle Miguélez, pide agilidad para mejorar la administración de Justicia. La parlamentaria ha indicado que en Cartagena habría que desbloquear el cambio de adscripción de los terrenos necesarios para ampliar la planta judicial entre el Ministerio de Defensa y el de Justicia. Por su parte, en Lorca la paralización se debe, ha dicho Miguélez, a que el proyecto aprobado y licitado "es defectuoso, y requiere la redacción y aprobación de un proyecto modificado".

Según ha expuesto, la nueva sede judicial unificaría siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción y dos juzgados de lo Penal en cuatro emplazamientos distintos y la adjudicación se realizó para que esas obras estuvieran ejecutadas en mayo de 2021, pero el proyecto está paralizado porque no se ajusta a la realidad del terreno.

Por su parte, en Molina de Segura el Ayuntamiento ya ha ofrecido dos posibles emplazamientos que las unificarían, "pero se hace necesario poner todo el empeño en completar la cesión de los terrenos y poder llevar a cabo las licitaciones necesarias".

La Comisión ha rechazado una iniciativa del PSOE para constituir una comisión técnico-política para la elaboración de un catálogo de vestigios del franquismo en la Región. El socialista Francisco Lucas considera que se tendría que constituir esta comisión porque en la Región "el 80% de los municipios aún contiene elementos franquistas", pero acusa al "partido ultraconservador, quien gobierna" de que no saliera adelante la iniciativa.