El diputado regional del PP Carlos Albaladejo - PP
CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno de España que los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que reúnan las "condiciones técnicas y pedagógicas adecuadas" puedan impartir los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La moción incluía dos puntos en defensa de este modelo que va en la línea del modelo impulsado en la Región de Murcia por la Consejería de Educación y Formación Profesional.
El primero, que instaba al Consejo de Gobierno a ampliar el modelo regional para que los alumnos permanezcan en su colegio hasta los 14 años, ha salido adelante con 20 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.
Por su parte, el segundo punto, que pedía al Ejecutivo central abrir un proceso de análisis para adaptar los requisitos legales a esta realidad, ha contado con 20 'síes', 13 votos en contra y 9 abstenciones.
El diputado 'popular' Carlos Albaladejo ha defendido que este sistema responde a una "demanda real" de las familias que buscan una transición más individualizada y segura. Según ha manifestado, el modelo ayuda a evitar el abandono temprano y fortalece la cohesión territorial en zonas rurales.
Además, ha argumentado que mejora la convivencia escolar al evitar que niños de 12 años compartan espacio en los institutos con jóvenes de hasta 20 años, reduciendo la conflictividad y fomentando la libertad de elección de las familias.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Juan Andrés Torres ha acusado a la Consejería de "empezar la casa por el tejado". El PSOE ha denunciado la falta de recursos y ha señalado deficiencias en las infraestructuras actuales como "aulas sin techo, calor, amianto y barracones".
Torres ha calificado la implantación de este modelo --al que se ha referido como "modelo EGB"-- de "desastrosa" y ha asegurado que solo ha llegado al 18% de los centros que lo solicitaron.
Por su parte, José Luis Álvarez-Castellano (IU-Verdes), integrado en el Grupo Mixto, ha rechazado la propuesta al considerar que "no tiene pies ni cabeza". El diputado y maestro jubilado ha defendido la especialización de los institutos y ha sugerido que la medida es una estrategia del Gobierno regional para "no afrontar el gasto pendiente en infraestructuras educativas".
Finalmente, Vox ha optado por la abstención tras el rechazo de su enmienda de adición. El diputado Antonio Martínez Nieto ha tildado de "invento" la medida y ha criticado su expansión "como una plaga" a centros que no la solicitan o que no están en entornos rurales.
Según Martínez Nieto, la iniciativa busca "estirar como un chicle" los colegios de Primaria ante la falta de nuevos institutos, y ha advertido de la ausencia de datos públicos sobre resultados académicos o impacto en el profesorado.
RECHAZO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE INFANCIA
Además, la Asamblea Regional ha rechazado una moción del PSOE que instaba a la actualización urgente de la Ley 3/1995 de Infancia, con 15 votos a favor y 29 en contra. La iniciativa pretendía adaptar la normativa autonómica, vigente desde hace 31 años, a la legislación estatal y crear un Observatorio Autonómico de la Infancia.
La diputada socialista Antonia Abenza ha defendido la urgencia de la reforma basándose en los datos de pobreza infantil en la Región, que alcanzan el 44% de los menores.
El texto propuesto incluía la adaptación a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y la creación de mecanismos de participación real para niños y adolescentes. Abenza ha calificado de "fracaso político" que Murcia mantenga una ley de 1995 para afrontar problemas de 2026.
Por el PP, la diputada María del Carmen Pelegrín ha rechazado la moción por considerarla "obsoleta", al asegurar que el Gobierno regional ya está finalizando la redacción de una nueva Ley de Infancia y Adolescencia. Según el PP, el proceso de participación ciudadana ya se ha completado con 80 páginas de aportaciones de entidades sociales y menores.
Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas ha justificado su voto en contra al considerar la ley estatal como una "aberración ideológica" y ha instado al Gobierno regional a no aplicar normativas nacionales que, a su juicio, vulneran los derechos de los padres y la inocencia de los menores.
La portavoz de Podemos, María Marín, ha apoyado la moción y ha criticado la "inacción" del Ejecutivo regional en el desarrollo de la figura del Coordinador de Bienestar en los centros educativos y ha vinculado la falta de actualización normativa con las elevadas tasas de abandono escolar y exclusión social en la comunidad.
Tras el rechazo de la moción socialista, la Cámara también ha votado negativamente una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular --20 votos a favor y 24 en contra--.