La Asamblea tramitará la reforma del PP que decidirá si las infracciones de la Ley del Mar Menor implican perder ayudas

La Asamblea tramitará la reforma del PP que decidirá si las infracciones de la Ley del Mar Menor implican perder ayudas
La Asamblea tramitará la reforma del PP que decidirá si las infracciones de la Ley del Mar Menor implican perder ayudas - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 14:31

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley del PP para reformar la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, que plantea, entre otros cambios, que la pérdida del derecho a determinadas ayudas deje de producirse automáticamente tras una infracción y pueda imponerse atendiendo a las circunstancias de cada caso. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Podemos-IU-AV. Tras superar este trámite, la Mesa de la Cámara abrirá el plazo de propuesta de audiencias legislativas y remitirá el texto a la comisión correspondiente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido que la modificación "no rebaja la protección del Mar Menor", no elimina prohibiciones, obligaciones, controles o inspecciones ni autoriza actividades que actualmente están prohibidas. Segado ha explicado que el objetivo es "actualizar una ley que se aprobó hace seis años" atendiendo a los cambios producidos en la legislación nacional y a la experiencia acumulada durante este periodo.

Entre los cambios defendidos por el PP se encuentra el relativo a las consecuencias que una infracción tiene sobre el derecho a percibir determinadas ayudas. Según Segado, actualmente una infracción "conlleva automáticamente" la pérdida de ese derecho y el PP propone sustituirlo por que "pueda conllevarla".

El portavoz 'popular' ha asegurado que la modificación no elimina la sanción, sino "el automatismo", de forma que quien instruya el procedimiento pueda valorar las circunstancias concretas antes de imponer esa sanción accesoria. Además, ha defendido también que el sector agrario ha asumido durante estos años obligaciones "muy exigentes", entre ellas la adaptación de explotaciones, la instalación de barreras vegetales, mejoras en el control de la fertilización y la introducción de tecnologías para el riego de precisión.

Asimismo, ha señalado que desde la aprobación de la Ley del Mar Menor se han producido cambios en la legislación nacional sobre el uso sostenible de nutrientes y ha defendido la necesidad de evitar duplicidades normativas. El portavoz del PP también ha reclamado al Gobierno de España la ejecución de actuaciones de su competencia en el Mar Menor y ha citado, entre otras, las relacionadas con la Rambla del Albujón, la corrección hidrológica de cauces y la restauración de ramblas.

EL PSOE ACUSA AL PP DE REBAJAR LA PROTECCIÓN

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha rechazado la reforma y ha acusado al PP de "rebajar las sanciones" y permitir que quienes incumplan puedan continuar recibiendo subvenciones públicas. Fernández ha recordado que la ley establece que quien comete una infracción grave o muy grave pierde durante dos años el derecho a obtener ayudas públicas de la Comunidad Autónoma y ha denunciado que con la reforma esa consecuencia dejará de producirse necesariamente. "No podemos aceptar una reforma que beneficia a quien incumple frente a quien ha hecho el esfuerzo de cumplir", ha señalado la portavoz socialista.

La socialista ha acusado además al presidente regional, Fernando López Miras, de haber convertido el Mar Menor "en moneda de cambio de su supervivencia parlamentaria" y ha recordado que había asegurado que no daría "ni un paso atrás" en la protección de la laguna. "Hoy sabemos que su palabra valía hasta que necesitó dos votos", ha afirmado. En ese sentido, ha señalado también que el Gobierno de España ha puesto "675 millones de euros" para la recuperación del Mar Menor y ha contrapuesto ese esfuerzo con la reforma planteada por el PP. Al mismo tiempo, ha anunciado que el PSRM utilizará los instrumentos políticos y jurídicos que correspondan contra lo que considera una regresión ambiental y ha reiterado que impulsará una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar la protección del Mar Menor.

VOX VE INSUFICIENTES LOS CAMBIOS

Por su parte, Antonio Martínez, de Vox, ha defendido la necesidad de acometer una reforma más amplia de la Ley del Mar Menor y ha considerado insuficientes los cambios planteados por el PP. Martínez ha asegurado que Vox lleva desde el inicio de la legislatura reclamando la modificación de una norma que considera perjudicial para el sector primario e ineficaz para proteger el ecosistema. Su propuesta planteaba, entre otras cuestiones, cambios en el régimen sancionador, sanciones a las administraciones públicas por una gestión deficiente de sus competencias en aguas residuales urbanas y un plan de obras y servicios para avanzar hacia el "vertido cero".

También proponía que determinados contenidos de la ley relacionados con las prácticas agrarias pasaran a tener naturaleza reglamentaria y planteaba modificaciones en ámbitos como los residuos mineros, el control del acuífero o los puertos deportivos. Martínez ha cuestionado además la reforma del PP por considerar que el cambio relativo a la pérdida de subvenciones puede incrementar la "discrecionalidad o arbitrariedad" del Gobierno regional a la hora de decidir si se aplica esta consecuencia.

PODEMOS-IU-AV PROPONE LIMITAR LAS GRANDES PLANTAS FOTOVOLTAICAS

La diputada de la coalición Podemos-IU-AV, María Marín, ha defendido la proposición presentada por el Grupo Mixto para reforzar la protección del Mar Menor frente a la proliferación de grandes plantas fotovoltaicas en el entorno de la laguna. Marín ha asegurado que su formación respalda el desarrollo de las energías renovables, pero considera necesario evitar una expansión "descontrolada" de grandes instalaciones en una zona ambientalmente vulnerable.

La propuesta contemplaba prohibir el desarrollo de plantas fotovoltaicas en la zona 1 de protección, la más próxima al Mar Menor, y limitar su potencia a 3 MW o su superficie a seis hectáreas en la zona 2, correspondiente al resto de la cuenca vertiente. Para ello ha advertido de que la transformación del terreno asociada a estas instalaciones puede agravar las escorrentías hacia el Mar Menor y ha mencionado expresamente proyectos ubicados en El Algar y Los Belones. "Renovables sí, siempre, pero en proyectos de autoconsumo y de tamaño medio y desde luego nunca en un entorno ya tan frágil y tan castigado como el Mar Menor", ha afirmado.

Por su parte, el también diputado de dicha coalición, José Luis Álvarez-Castellanos ha incidido también en la fragilidad del ecosistema y ha criticado la falta de planificación territorial y energética. A su juicio, la proliferación de instalaciones fotovoltaicas puede transformar el terreno y dejarlo más expuesto a las escorrentías superficiales hacia la laguna.El diputado de Podemos-IU-AV ha advertido de que la instalación de grandes plantas fotovoltaicas puede transformar y "arrasar" el terreno, dejándolo más expuesto a unas escorrentías superficiales. Álvarez-Castellanos ha defendido que su formación está a favor de la energía renovable y solar, pero no de que se implante sin una adecuada ordenación urbanística y territorial. Asimismo, ha advertido de la responsabilidad de la Asamblea a la hora de aprobar modificaciones legales que puedan "desproteger el Mar Menor" y ha recordado la existencia de la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.

También desde el Grupo Mixto, José Ángel Antelo ha defendido la necesidad de reformar la Ley del Mar Menor y ha agradecido al sector agroalimentario su esfuerzo y su presión para modificar una norma que considera "injusta". Antelo ha reclamado que el régimen sancionador sea el mismo que se aplica al resto de agricultores y ganaderos de España. Asimismo, ha sostenido que las inversiones que han contribuido a mejorar el Mar Menor se han dirigido al saneamiento, la depuración y los tanques de tormenta y ha rechazado que la solución pase por "señalar ni perseguir a los agricultores".

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