La Fiscalía contabiliza 6 casos de abusos y agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas de la Región

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha contabilizado un total de seis casos de abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en el ámbito de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa de la Región de Murcia en los últimos años.

Estos seis casos fueron tramitados en sede fiscal --no judicial--. No obstante, la propia Fiscalía General del Estado ha reconocido que son datos "muy parciales" por dos motivos.

El primero de estos motivos es relativo a la dificultad de detectar estos procedimientos al no constar registro específico para estos supuestos en las aplicaciones de gestión procesal de los órganos judiciales.

El segundo motivo de la parcialidad obedece al "acotado" espacio temporal al que pertenece la documentación remitida, puesto que la mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022, y solo puntualmente se remitieron de años anteriores.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2022, una institución que dice haber asumido el compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de esta "realidad criminal de incuestionable gravedad".

Todo ello, añade, a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su trascendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos.

Con ocasión de los trabajos que se realizaron en la elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia, ante el desconocimiento del número real de asuntos de esta naturaleza se planteó la necesidad de conocer de la dimensión de este fenómeno.

Por ello, la FGE pidió a las fiscalías superiores la identificación de los procedimientos penales en tramitación que pudieran detectarse en las fiscalías de sus respectivos ámbitos territoriales, incoados tanto en sede judicial como fiscal, y que tuvieran por objeto el esclarecimiento de denuncias y/o querellas por la supuesta comisión de delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

En fecha 17 de junio de 2022 tuvo entrada en la Fiscalía General del Estado un escrito presentado en nombre de la Conferencia Episcopal Española mediante el que se daba traslado a la Fiscalía General de documentación consistente en dos informes realizados por el periódico EL PAÍS sobre los casos de abusos sexuales de menores en la Iglesia española, que recogen el resultado de la investigación llevada a cabo por el periódico durante más de tres años sobre la pederastia en la Iglesia española.

Estos informes fueron entregados por el periódico al presidente de la Conferencia Episcopal Española el primero en 119 diciembre de 2021 y el segundo en fecha 16 de junio de 2022 con el fin de que las autoridades eclesiásticas pudieran investigarlos, escuchar y atender a las víctimas.

En este marco y por decreto de fecha 11 de julio de 2022 del FGE se procedió a la incoación de un expediente de seguimiento en la Secretaría Técnica, con el objeto de tomar conocimiento pleno del alcance y resultado de las investigaciones penales incoadas o que se incoaran en el futuro.

Además, el objetivo era mantener la debida coordinación y de unificar la actuación de la fiscalía en esta materia en todo el territorio nacional, de conformidad con los artículos 124 CE y los artículos 2 y 22 y siguientes del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Un primer análisis del contenido de la documentación presentada puso de manifiesto la dificultad de dar cuenta de los procedimientos judiciales, al no quedar registrados como tales en las aplicaciones de gestión procesal, dado que no contemplan mención alguna a la profesión del sujeto activo.

Pese a ello, mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2022, se insistió en la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible para recopilar todos los datos de los que se pudiera disponer con relación a estas causas y se interesó de los/as fiscales superiores la remisión trimestral de información sobre tales procedimientos.

La primera reflexión que realiza la FGE, a la vista de los testimonios remitidos por las fiscalías territoriales, es la de que se dispone de datos "muy parciales".

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, de las 61 diligencias de investigación que constan registradas en las fiscalías territoriales, un 44% se incoaron en 2022, un 26% en 2021 y el 30% restante en años anteriores.

De las 86 diligencias previas remitidas, un 18% fueron incoadas en 2022, un 29% en 2021 y el 53% restante en años anteriores. Los hechos tuvieron lugar en el 67% de los casos con posterioridad al año 2000 y en el 33% con anterioridad a 1990.

De las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, son condenatorias 19 de ellas, 2 con conformidad del acusado y una fue revocada en apelación. Por tanto, hay un 95% de condenas (18) frente al 5% de absoluciones.

Del total de asuntos archivados de los que se ha llevado un seguimiento, la FGE deja constancia de que el 32% fue archivado al haberse extinguido la responsabilidad penal por prescripción. De ese porcentaje, el 80% lo acordó la fiscalía y el 20% el juzgado.

Además, el 5% fue archivado por la fiscalía al haberse extinguido la responsabilidad penal por fallecimiento del autor; el 29% fue archivado por no resultar acreditados los hechos y, de ese porcentaje, el 21% lo acordó la fiscalía y el 79% el juzgado.

El 27% de las diligencias de investigación fueron archivadas por interposición de denuncia o querella ante el Juzgado. Una diligencia de investigación fue archivada por falta de denuncia del interesado en la fiscalía (art. 191 CP), y una diligencia de investigación fue archivada por remisión a la Audiencia Nacional.