MURCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha registrado, en el ámbito de violencia contra la mujer, un total de 3.016 diligencias previas incoadas de delitos de lesiones y maltrato familiar, lo que representa un 8,7% más con respecto a las registradas en el año anterior (2.775).
Así aparece reflejado en la Memoria de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia de 2023 --con datos relativos a 2022--, que recoge que constan formulados 1.296 escritos de acusación, con 1.360 sentencias en este ámbito.
En cuanto a las amenazas en el ámbito familiar, constan 85 diligencias previas, frente a las 101 del año 2021, al tiempo que fueron formuladas 273 acusaciones y 267 sentencias.
En lo que respecta a las coacciones en el ámbito familiar contra mujeres, constan incoadas 19 diligencias previas y 23 diligencias urgentes, con 50 acusaciones y 52 sentencias; mientras que en materia de acosos familiar constan 12 diligencias previas y 8 urgentes, con nueve acusaciones y 12 sentencias.
Finalmente, en lo que respecta al maltrato familiar habitual contra mujeres constan 1.118 diligencias previas y 1.167 diligencias urgentes, con 150 escritos de acusación y 62 sentencias.
La suma total de procedimientos arroja 4.250 diligencias previas y 3.765 urgentes, lo que representa 8.015 procedimientos incoados, lo que supone un 3,93% menos con respecto a los 8.343 del año 2021.
Todo ello, con 2.092 acusaciones del Fiscal y 1.753 sentencias en toda la Región, de las que 1.153 son condenatorias (sin incluir las de Cartagena y San Javier), siendo 1.080 por conformidad y 73 sin conformidad.
La Fiscalía ha puntualizado que las sentencias absolutorias alcanzan las 80 en la Región, y un estudio de las mismas refleja que "la gran mayoría lo han sido por el silencio de la víctima o falta de acusación en general pública o particular".
En cuanto a las medidas cautelares, en los juzgados de violencia de Murcia constan 65 ingresos en prisión provisional y 120 órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, 72 de ellas con medidas penales y civiles y 232 solo con medidas penales, habiendo sido denegadas 84.
En lo que respecta a la colocación de dispositivos técnicos de control (pulseras), constan unas 50 activas en 2022, pero la Fiscalía Superior ha advertido del problema que supone su implantación en algunas poblaciones debido a las escasas dimensiones geográficas de algunos municipios y a que en algunas zonas rurales existe escasa señal o cobertura.