Hacienda aprecia "mucha celeridad" y "juicios de valor" en las contrataciones de la trama Ábalos en Murcia

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe en el que detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos relacionados con proyectos de soterramiento en Murcia.

Según detalla la IGAE en el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un único contrato que integró el proyecto de construcción para el soterramiento de la estación y Barriomar junto al de soterramiento en la zona de la pedanía de Nonduermas, ambos ubicados en Murcia.

El presupuesto de ejecución material para estas obras alcanzó los 208,5 millones de euros, de los que 66,6 millones correspondieron a Nonduermas y 141,9 al tramo de la estación y Barriomar.

Según el órgano fiscalizador, el expediente se tramitó con "mucha celeridad" tras recibir la supervisión, la aprobación y el replanteo en un margen de solo cinco días de julio de 2018, y para la adjudicación se utilizaron "criterios basados en juicios de valor".

Así, la IGAE señala que los criterios basados en juicios de valor fueron "determinantes" para la adjudicación de los proyectos de la red ferroviaria murciana, al igual que ocurrió con la fórmula aplicada en otro contrato en Sant Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona.

Además, subraya que la diferencia de puntos en este apartado subjetivo dejó a las otras proposiciones "sin posibilidades de obtener la adjudicación del contrato", puesto que la distancia no se podía revertir con la puntuación obtenida por el precio.

El oficio expone que el adjudicatario presentó una serie de "reservas" técnicas nada más formalizar el contrato, lo cual supone una contradicción frente a la valoración de la oferta donde se calificó como "muy bueno" su conocimiento del proyecto y del terreno.

Estas alegaciones motivaron una modificación del contrato por 31,3 millones de euros, una variación que según la Intervención incumplía la normativa al basarse en costes de descontaminación de suelos que ya constaban en el proyecto original.

La IGAE advierte de que Adif debió proceder a la "resolución del contrato" en lugar de autorizar este incremento, ya que no se cumplían las condiciones de imprevisibilidad exigidas por la ley para modificar el gasto.

El informe resalta que la tramitación de un segundo contrato independiente para la arquitectura de la estación sirvió para que las mismas empresas ejecutaran tareas que inicialmente pertenecían al proyecto principal.

La Intervención concluye que esta práctica administrativa pudo permitir que las modificaciones no superasen el umbral del 20% del contrato primitivo y evitó la aplicación de la baja económica del 33,8% pactada originalmente.