Hacienda estudia reformar el marco jurídico del SMS para corregir sus problemas de gestión y presupuestación

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital está trabajando, junto con la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud (SMS), en una posible reforma del marco jurídico del organismo sanitario para abordar sus problemas de gestión y presupuestación, según ha anunciado la consejera del ramo, María Isabel López, en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2023.

"Estamos trabajando sobre el marco jurídico del Servicio Murciano de Salud. La Consejería de Salud y el propio Servicio Murciano crearon ya ese grupo de trabajo para estudiar su situación jurídica y trabajar en una reforma más amplia del sistema sanitario regional", ha señalado López Aragón, quien ha advertido de que "es una cuestión que no es sencilla" y que, "lejos de poder tener soluciones inmediatas", debe afrontarse con una voluntad clara de abordarla.

López Aragón ha reconocido que uno de los principales problemas de las cuentas autonómicas es que el presupuesto del SMS no refleja sus necesidades reales de gasto. "No recoge el SMS sus necesidades reales de gasto en el ámbito presupuestario", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que se trata de una situación conocida que el Gobierno regional está intentando corregir.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo ha avanzado en la contratación, la centralización de compras y los sistemas de información sanitaria, además de trabajar en la evaluación del gasto. No obstante, ha advertido de que "ninguna herramienta de gestión, por muy buena que sea, sustituye por sí sola a los recursos que son necesarios para atender a los pacientes".

EL DÉFICIT REGIONAL ALCANZÓ EL 2,3% DEL PIB EN 2023

López Aragón ha explicado que la Comunidad Autónoma partió en 2023 de unos créditos iniciales de 7.631 millones de euros, que se elevaron hasta los 8.638 millones tras las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio. Las obligaciones reconocidas ascendieron a unos 7.808 millones, lo que supone un grado de ejecución próximo al 90%.

Por su parte, los derechos reconocidos netos alcanzaron los 7.905 millones de euros, unos 920 millones más que en 2022, lo que representa un incremento aproximado del 13%. En cuanto al déficit, ha señalado que se situó en el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al entorno del 3% registrado el año anterior, mientras que el endeudamiento financiero regional rondó los 12.000 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que el informe recoge 13 recomendaciones, por debajo de la media de 15 que, según ha indicado, se registra en otras comunidades autónomas. También ha destacado que durante 2023 la Intervención General emitió cerca de 2.600 informes de fiscalización, con un porcentaje de reparos del 0,03% de los expedientes examinados.

Respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas, ha explicado que la Comunidad Autónoma está trabajando en la actualización del marco económico y presupuestario y en la implantación de sistemas que permitan centralizar y compartir la información financiera de las entidades del sector público regional.

La consejera también se ha referido a la desaladora de Escombreras, sobre la que el órgano fiscalizador mantiene su recomendación de proceder a la cesión global de activos y pasivos y a la extinción de la sociedad. López Aragón ha asegurado que se siguen desarrollando actuaciones para avanzar hacia ese objetivo y ordenar definitivamente su situación.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños ha acusado al Gobierno regional de mantener una situación de "ingeniería contable" y "maquillaje presupuestario" que, a su juicio, impide conocer la situación real de las finanzas autonómicas.

Así, ha denunciado que el resultado presupuestario presentado por la Comunidad Autónoma correspondiente a 2023 estaba sobrevalorado en 437 millones de euros y que, tras los ajustes del Tribunal de Cuentas, pasó a registrar un saldo negativo superior a 131 millones. "Ustedes no liquidan presupuestos, ustedes están escondiendo las facturas en los cajones", ha reprochado.

Asimismo, ha advertido de la situación financiera del SMS, al que ha atribuido un déficit acumulado de 3.724 millones de euros. También ha cuestionado la gestión de la Agencia Tributaria regional, que, según ha indicado, mantiene 312 millones de euros en derechos de cobro con más de cuatro años de antigüedad, así como la situación de la desaladora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, ha coincidido en denunciar un supuesto "maquillaje sistemático" de las cuentas autonómicas y ha criticado que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se repitan a lo largo de los ejercicios sin que, a su juicio, se hayan solucionado los problemas estructurales.

Martínez ha cuestionado especialmente la presupuestación del SMS, la evolución del déficit y la gestión de los remanentes de tesorería. Además, ha reclamado explicaciones sobre los derechos de cobro pendientes de la Agencia Tributaria regional y sobre las actuaciones previstas para resolver la situación de la desaladora de Escombreras.

El portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, ha situado igualmente al SMS como el principal problema de las cuentas autonómicas y ha reclamado decisiones para modificar su gestión. "El gran problema de esta región se llama el SMS", ha afirmado Antelo, quien ha defendido que no basta con reclamar una financiación autonómica equivalente a la de otras comunidades, sino que la Región necesita recursos adicionales para compensar los déficits acumulados durante años.

El parlamentario también ha pedido al Ejecutivo que adopte decisiones sobre la desaladora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera, cuya viabilidad económica ha cuestionado, y ha advertido de las dificultades que atraviesa la Comunidad Autónoma para acometer nuevas inversiones.

Por su parte, el diputado popular Carlos Albaladejo ha defendido la gestión económica del Gobierno regional y ha insistido en que las observaciones del Tribunal de Cuentas no invalidan el conjunto de las cuentas públicas. "Fiscalizar no es condenar, recomendar una mejora no equivale a declarar ilegal toda una gestión", ha manifestado Albaladejo, quien ha destacado los avances recogidos en el informe del órgano fiscalizador y ha atribuido buena parte de las dificultades financieras de la Comunidad Autónoma a la insuficiencia del sistema de financiación.

En su intervención final, la consejera ha rechazado las acusaciones formuladas por PSOE y Vox y ha asegurado que el informe del Tribunal de Cuentas no sostiene que el Ejecutivo autonómico haya falseado la información presupuestaria. "Tampoco, señor Martínez Baños, es responsable acusar al Gobierno de falsear las cuentas. Eso, insisto, no lo dice el Tribunal de Cuentas", ha manifestado López Aragón.

La titular de Hacienda ha explicado que buena parte de los ajustes contables señalados por el Tribunal de Cuentas están relacionados con el SMS y con la modificación de la forma de contabilizar determinados derechos de cobro frente a organismos dependientes de la Comunidad Autónoma.

También ha rechazado que el Ejecutivo no haya adoptado medidas para atender las recomendaciones del órgano fiscalizador y ha citado actuaciones relacionadas con los consorcios autonómicos, la mejora de los sistemas de información financiera y la revisión de determinados procedimientos contables.

Finalmente, la consejera ha negado que la Comunidad Autónoma se encuentre en una situación de quiebra y ha insistido en que el Ejecutivo seguirá atendiendo sus obligaciones y reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica que permita sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales.