Bloque de pisos - EUROPA PRESS
MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha sometido a trámite de audiencia e información pública el proyecto de orden de las bases reguladoras para las nuevas ayudas al alquiler y cesión de vivienda o habitación orientadas a la emancipación juvenil (PEAV 2026-2030), enmarcadas en el Plan Estatal de Vivienda (PEV).
El anuncio, publicado este sábado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), abre un plazo de 15 días hábiles para que las personas interesadas presenten alegaciones de forma telemática en la Sede Electrónica de la Comunidad a través del procedimiento '1549'.
Una vez aprobado el texto definitivo, la Dirección General de Vivienda activará la convocatoria de unas subvenciones que se concederán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto.
La propuesta normativa contempla ayudas que cubrirán hasta el 60% del precio mensual del arrendamiento. El límite máximo de la subvención será de 300 euros mensuales para viviendas completas y de 200 euros para habitaciones, con un periodo de concesión de hasta dos años y efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Para optar a los fondos, el borrador fija topes máximos en las rentas de los contratos. Así, el precio de la vivienda no podrá superar los 1.000 euros mensuales --límite que desciende a 500 euros en municipios de 10.000 habitantes o menos-- y, en el caso de las habitaciones, el coste máximo admitido será de 400 euros mensuales (250 euros en localidades de 10.000 o menos habitantes).
Los beneficiarios deberán tener hasta 35 años cumplidos en el momento de la solicitud, poseer la nacionalidad española o residencia legal, estar empadronados en el inmueble y no ser propietarios de otra vivienda en España, salvo excepciones legales. Tampoco se permitirá el alquiler entre familiares de primer o segundo grado.
A nivel económico, la concesión está condicionada a que las rentas anuales de la persona beneficiaria no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este límite se ampliará hasta 5,5 veces el IPREM para solicitantes con discapacidad igual o superior al 33% o hijos de víctimas de violencia de género, y hasta seis veces si el grado de discapacidad alcanza o supera el 65%.
La Administración regional dispondrá de un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar los expedientes, operativa bajo el régimen de concurrencia no competitiva y donde el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.
