MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Izquierda Unida en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, propuso hoy al Gobierno autonómico reformar la actual ley del Suelo e implantar una ley de Vivienda en la Región con el objetivo de "crear una nueva política urbanística en la que la administración pública actúe como promotor y prime los intereses colectivos frente al beneficio particular", y que se aleje del modelo "especulativo" actual, que calificó como "un absoluto fracaso".
En rueda de prensa, Pujante destacó la "necesidad" de crear una política urbanística que ayude a frenar la "pretensión" del PP de la Región de Murcia por "recuperar" este modelo socioeconómico "fracasado" que "apuesta por la urbanización de zonas de alto valor ambiental, como la zona anexa al parque de Calblanque (Cartagena), y otros proyectos que tiene en mente y que están en el congelador, como Marina de Cope (Águilas)".
Pujante destacó que la Región dispone actualmente de planes de la vivienda "'light' que, lo único que plantean son ayudas, en definitiva, tanto al arrendatario como a quien alquila la vivienda". Por ello, consideró "fundamental" tener una ley de la Vivienda "que garantice en la Región de Murcia el artículo 47 de la Constitución, que plantea el derecho al acceso a una vivienda digna".
Para ello, estimó necesario "negociar con los bancos y con las cajas de ahorro la adquisición de viviendas que actualmente son de su propiedad, a un precio convenido por debajo del precio real, con el fin de incorporarlas a un parque público de viviendas que ofrecería la Comunidad Autónoma en régimen de alquiler y de propiedad". En su opinión, esto "servirá para dar salida al 'stock' de unidades sin vender y responderá a una demanda social".
Igualmente, abogó por el impulso del sector de la construcción desde la perspectiva de la "sostenibilidad" y, en este sentido, ha solicitado la creación de un plan Renove para la rehabilitación de edificios públicos y privados con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los mismos, lo que supondrá un ahorro para el Gobierno regional.
A su parecer, se trata de una propuesta "tremendamente positiva" encaminada a "mejorar la eficiencia energética", lo que "tendría una buena repercusión par las arcas públicas". Y es que la medida "supondría un ahorro del 30 por ciento en el gasto energético y la amortización de la inversión se produciría entre los tres y los cinco años, según los expertos", matizó.
Pujante destacó que, en la medida que la Comunidad tiene competencias en la propiedad del suelo, más allá de la adaptación a la ley nacional, "tiene que orientar con al ley del suelo la actual política urbanística". Así, dijo que "tiene que primar el bienestar de la comunidad, tiene que primar los equipamientos colectivos y las zonas verdes por encima del beneficio particular".
Sobre la figura del convenio urbanístico, Pujante ha dicho que "en teoría" se trata de un recurso cuyo uso es excepcional pero se ha convertido en "la regla", tras remarcar que su potestad debería ser de la administración pública y preguntarse "qué ha pasado con los convenios firmados antes de la crisis".
"La Administración pública, tanto los ayuntamientos como la Comunidad, tienen que actuar de promotores públicos de la vivienda, han de ser agentes urbanizadores", según Pujante, quien reprochó que "para 2010 no hay ni una sola vivienda pública prevista por parte de la Administración regional", destacó.
