MURCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Ley Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción que ha registrado Ciudadanos y que este jueves ha presentado al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Transparencia dotaría a este último organismo de potestad sancionadora, desde los 200 euros que supondría una falta leves hasta los 400.000 euros las graves.
Así lo ha anunciado el diputado regional de la formación naranja, Juan José Molina, que acompañado de los secretarios de Comunicación y Programas de Cs, José Luis Ros y Miguel López Bachero, ha presentado esta ley a los presidentes del CES y el Consejo de la Transparencia, José Antonio Cobacho y José Molina, respectivamente.
Cobacho ha agradecido el gesto de la formación naranja de hacerle llegar este texto legal, mientras que desde el Consejo de la Transparencia, su presidente considera que "es positiva y da esperanza para leer el texto".
Y es que, a su juicio, el tema de la transparencia "se ha quedado corto si no se ve en ese concepto de poliedro de muchas caras, ya que la transparencia no es solo pedir un dato y que te lo den, es saber rendir cuentas, participar o abrir las instituciones". Molina ha recordado que "ha costado tres años poder conocer las nóminas de los empleados".
Por su parte, el diputado de Cs, Juan José Molina, ha hecho referencia a la crisis que hay tanto a nivel nacional y regional por la "falta de credibilidad debido a los casos de corrupción y había que dar un paso y Cs lo ha hecho".
De hecho, ha destacado que es el borrador "más ambicioso y el mejor hecho de todos los que se han realizado en España y se ha consultado con expertos a nivel nacional".
Aunque reconoce que habrá enmiendas, considera que es una ley que "mejora" la anterior, por lo que espera que el resto de grupos en la Asamblea Regional la apoyen.
LA LEY
Este nuevo proyecto dota al Consejo del Gobierno Abierto -el antiguo Consejo de la Transparencia- de entidad jurídica propia y adscribiéndolo a la Asamblea Regional y no al propio Gobierno, al que "fiscalizaba".
Igualmente, se amplía el control de la transparencia a los ayuntamientos y establece una protección especial a los denunciantes de corrupción política.
La propuesta legislativa de Ciudadanos podría votarse en la Asamblea Regional en octubre y aumenta el número sujetos obligados a dar información y ser transparentes.
La nueva ley, que consta de 8 títulos y 86 artículos, impulsa el Gobierno Abierto haciendo hincapié en los principios indisociables de transparencia, participación y colaboración ciudadana.
Se crea el Consejo del Gobierno Abierto de la Región de Murcia, que sustituye al anterior Consejo de la Transparencia y pasará a depender directamente de la Asamblea Regional y no del Ejecutivo, como vía para garantizar su independencia y suficiencia de medios.
Además, la composición de su Comisión Ejecutiva se profesionaliza: un órgano que tendrá cuatro componentes, un presidente y tres vocales, todos elegidos por la Asamblea Regional entre profesionales de reconocido prestigio. El actual Pleno del Consejo de la Transparencia pasará a ser la Comisión Consultiva del nuevo Consejo.
Y se introduce el Título VIII de Protección de los Denunciantes de la Corrupción, "una figura básica para el progreso de la Comunidad Autónoma". Los denunciantes de la corrupción estarán protegidos a partir de ahora por el Consejo del Gobierno Abierto, que se encargará de investigar la información aportada y ponerla en manos de los tribunales llegado el caso.
El número de obligaciones que se exigen respecto de la transparencia activa se ha ampliado, incluyendo ahora la publicación de los gastos de viajes y representación o las asignaciones a grupos políticos. También se tiene que publicar las copias de los títulos académicos que cada representante público afirme tener.
El derecho de acceso a la información pública se específica y mejora, armonizándolo con el resto de normativas ya existentes en otras comunidades autónomas. Se establece el silencio administrativo positivo a las solicitudes de información.
El Buen Gobierno también es ampliado. En primer lugar, las normas serán aplicables además a los cargos eventuales, no solo a los altos cargos de la Administración autonómica, diputados de la Asamblea Regional y concejales de los ayuntamientos. Se fija la información que deben contener las declaraciones de retribuciones, actividades, bienes, derechos e intereses, asimilándolas a las exigidas en el Congreso de los Diputados.
