MURCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Leopoldo Navarro, afirmó que en lo que respecta a la reforma que se está tramitando de la Ley de Extranjería "se podría haber avanzado mucho más", porque, advirtió, "se quedará en una ley de poco calado, en un maquillaje de lo que existe actualmente".
En declaraciones a Europa Press, Navarro opinó que esta reforma de la Ley de Extranjería "no supone ni más ni menos que un reconocimiento del fracaso de la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque se ha pasado del 'papeles para todos' del ex ministro Jesús Caldera a que hay que limitar al máximo los derechos de los inmigrantes". "Ni una cosa ni la otra", aseveró.
En su opinión, la principal crítica que se le puede achacar a esta reforma es que "no resuelve los principales problemas que plantea la inmigración" y que pasan por la inmigración ilegal, la integración de este colectivo y el desempleo de los mismos.
Comentó, así, que "no se abordan los verdaderos problemas, cómo se regularán los puntos migratorios", y tampoco "se pone encima de la mesa el hecho de que, de una vez por todas, se tiene que acabar con las regularizaciones masivas, además de que se rompe la unidad del mercado de trabajo".
La solución para erradicar estos problemas, para lo que el PP ha presentado más de 50 enmiendas a esta reforma de la ley, pasa por "regular, de una manera efectiva, los flujos migratorios; establecer un contrato de integración; tener muy claro cuáles deben ser los criterios de reagrupación familiar y los de regularización; ser muy efectivos con la regularización de los derechos de los menores; y tener especial regulación con los menores que llegan a España y no están acompañados".
Preguntado sobre si opina que es una ley de retroceso y no de avance en los derechos del colectivo inmigrantes, Navarro dejó claro que no exactamente, ya que lo que hace dicha ley es "regular algunos de los derechos que han reconocido algunas sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo".
Y es que, explicó, los derechos de sindicación, de huelga y demás "deben ir unidos a una situación de la regularización de los inmigrantes". "Se trata, indicó, de regular los derechos de la misma manera que ese mismo derecho de huelga, de sindicación o de trabajo está regulado para los españoles".
NO ES EL MOMENTO "OPORTUNO".
Pese a todo, sí que puso de manifiesto que el momento en que se está debatiendo dicha reforma "no es el más oportuno", tras lo que añadió, por contra, que "no se puede paralizar la regulación porque se esté en un momento de crisis". No obstante, destacó que lo que le parece un error es "vincular la crisis a la situación de los extranjeros en España".
Tampoco se mostró partidario del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como reclaman algunas asociaciones de inmigrantes al verse aumentado el tiempo de detención de éstos, porque, argumentó, "cuando hay inmigrantes en situación irregular hay que poner los medios necesarios".
Navarro, que dijo compartir la idea de que "no aporta nada el que se alargue de 40 a 60 días el internamiento", resaltó la necesidad de que el Estado tenga unos mecanismos que "permitan identificar a los inmigrantes en situación irregular, comprobar su situación y si están inmersos en algún tipo de delito y, en cualquier caso, repatriarlos a su país de origen si no tiene la autorización pertinente para estar en España".
En definitiva, el director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia apuntó que "si se toman en cuenta y se debaten en profundidad las enmiendas de los distintos grupos políticos, si somos capaces de sacar entre todos una ley de consenso sobre Extranjería, pues se habrá avanzado".