Señalan que la nueva reforma puede tener consecuencias para la vida de miles personas
MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge han entregado este martes de forma simultánea en las presidencias de la Comunidades Autónomas en torno a unas 60.000 firmas de ciudadanos recogidas a través de Internet en todo el país, aproximadamente 4.000 en Murcia, solicitando que estas garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, "sin agresividad ni discriminación y mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas".
Con la entrega de estas firmas y una carta al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, pretendemos recordar al Gobierno regional que la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, es "regresiva" y "discriminatoria", limitará el acceso a la salud "y puede tener consecuencias para la vida de miles de personas, especialmente para los colectivos más vulnerables", ha explicado la presidente de la asociación Murcia Acoge, Josefa Hernández.
Hernández ha insistido en que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podía afectar, de tal forma, "a la vida y a la salud de miles de personas", al tiempo que ha afirmado que a esta iniciativa seguirán otras porque "el otoño lo vemos muy calentito".
Desde Amnistía Internacional, su coordinadora en Murcia, Carmen Rico ha subrayado que esta ley "vulnera" el pacto de derechos económicos, sociales y culturales que España tiene ratificado "y tenemos obligación de cumplir". Este Real Decreto "va a dejar a muchas personas inmigrantes y no inmigrantes sin derecho a la sanidad, derecho fundamental".
PUEDE "COSTAR VIDAS"
La reforma sanitaria "puede costar vidas", han manifestado las organizaciones que señalan que "los recortes implican que las personas migrantes mayores de edad en situación irregular solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.
Los recortes implican también que personas españolas, como los mayores de 26 años que no hayan cotizado, "verán dificultado su acceso al derecho a la salud", ha agregado Rico.
Las ONG alertan también que este Real Decreto Ley va a dejar a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud y que la reforma "va a suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos y va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico médicos para miles de personas en situación administrativa irregular que residen en nuestro país".
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian, además, que la reforma sanitaria vulnera obligaciones internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.
Asimismo, advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden suponer para quienes sufran enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos o enfermedades mentales y recuerdan que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.
Al tiempo que estas organizaciones alertan de que estas medidas de recortes de derechos, acompañadas de discursos utilizados por miembros del Gobierno y del Partido Popular que acusan a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud, pueden contribuir a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizan al mismo y pueden alimentar comportamientos discriminatorios y xenófobos.
Por lo que señalan que las Comunidades Autónomas pueden y deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, "sin regresividad ni discriminación".
Deben hacerlo, según Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, "sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo en colaboración con las organizaciones sociales que no garantice el mismo nivel de calidad y de prestaciones".
