MURCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, que dirige Isabel Franco, ha aumentado este año a 1.720.000 euros el presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
La subvención, que se concede a través de la Dirección de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, es la de mayor cuantía dedicada a la lucha contra la pobreza en los últimos 6 años. En total, representa un incremento de 160.000 euros (+10%) respecto a la ayuda que el Gobierno regional dio para este mismo fin en el año 2018.
Estos 1,7 millones de euros serán destinados a asociaciones que trabajan con las familias, personas con adicciones o sin hogar, jóvenes, menores, mujeres dedicadas a la prostitución o víctimas de trata, reclusos o colectivos vulnerables. También a ONGs que intervienen en asentamientos.
Las mayores partidas se las llevan, por ejemplo, Cáritas que recibirá 231.047 euros para dar cobertura a necesidades básicas y Jesús Abandonado para su proyecto de comedor social para personas sin hogar.
También se han destinado partidas a Cruz Roja (73.864 euros) para seguir adelante con su programa de formación de menores ex tutelados por la Comunidad Autónoma a través del proyecto Vincula-T, de acompañamiento socioeducativo y pisos que ayudan a la emancipación de éstos.
Cruz Roja tiene asignados otros 70.161 euros para prestar atención urgente a necesidades básicas, mientras Cepaim tiene concedidos más de 21.000 euros para intervenir en asentamientos donde residen personas y familias en situación de exclusión social.
En total la Consejería ha dado el visto bueno a subvenciones destinadas a 54 proyectos distribuidos en 12 ejes de acción social: apoyo a personas y familias en la Región; intervención en asentamientos, programas locales de atención integral a colectivos vulnerables; intervención con jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad social; atención a menores en contextos vulnerables, atención integral a mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata; a personas reclusas, sin hogar con problemas de salud mental o con adicciones; distribución de ropa, calzado y juguetes a personas en situación de pobreza o exclusión social; atención integral en centros a colectivos vulnerables y atención integral a jóvenes ex tutelados por la Comunidad Autónoma.
Éste último eje es el que tiene mayor dotación presupuestaria (260.000 euros) porque se trata de atender las necesidades de jóvenes que han estado bajo la tutela de la Administración, pero que al cumplir la mayoría de edad requieren una atención especializada como, por ejemplo, alojamiento temporal, seguimiento socioeducativo, inserción socio-laboral o apoyo psicológico.
Y es que, en los últimos años las subvenciones de ayuda a la lucha contra pobreza han ido variando de ejercicio en ejercicio en la Región. En 2013, la Comunidad Autónoma destinó 1,5 millones a este fin; en 2014, esta cuantía descendió a 1.050.000 euros; en 2015 subió a 1.445.000 euros, en 2016 fue de 1,5 millones y en 2017 y 2018 ascendió a 1.560.000 euros en cada año.
OTRO MILLÓN DE EUROS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Hay que recordar que el pasado 3 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó otra subvención de 1 millón de euros para la lucha contra la pobreza energética a distribuir en toda la Región entre 29 ayuntamientos y las cuatro Mancomunidades de Servicios Sociales.
Esta partida se ha incluido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a través del Pacto contra la Pobreza y la Exclusión Social alcanzado en la Asamblea Regional entre Cs y PP.
Este dinero se destina a actuaciones que promueven ayudas económicas a personas y familias, a mejorar la eficiencia energética y el ahorro del consumo de los suministros básicos del hogar o a iniciativas de carácter formativo o de sensibilización, entre las que pueden incluirse seminarios, cursos, jornadas o charlas.
Las subvenciones que recibirá cada corporación municipal oscilan entre los casi 2.000 euros de Aledo y los 275.000 euros de Murcia. Por su parte, las mancomunidades se mueven en una horquilla que va de los 7.200 euros (Mancomunidad del Valle de Ricote) a los 48.500 euros de la Mancomunidad del Noroeste.
