PP acusa a PSOE y Vox de poner trabas a la simplificación administrativa y la oposición alerta de deficiencias en la ley

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha acusado a PSOE y Vox de haberse aliado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional para "poner trabas a la ley de simplificación administrativa", después de que ambos grupos hayan coincidido en el apoyo a 14 enmiendas durante la tramitación del proyecto de ley. Los populares sostienen que esta coincidencia "demuestra un pacto" entre ambos partidos "para modificar una norma que busca agilizar los trámites de la Administración y favorecer la creación de empleo".

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua ha celebrado hoy la sesión en la que se ha examinado el informe de la Ponencia y se han debatido y votado las enmiendas no incorporadas al Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa.El texto, que procede del decreto ley convalidado por el Pleno en julio, se elevará ahora al Pleno para su aprobación definitiva.

La diputada del Partido Popular, María Casajús, ha asegurado que Vox "ha votado a favor de siete enmiendas del PSOE y también de una de Podemos, mientras que el PSOE ha apoyado siete de Vox", lo que a su juicio "demuestra que existe un pacto entre ambos grupos para cambiar la ley". "PSOE y Vox se han dado la mano incluso para decirle a los agricultores lo que tienen que hacer con sus terrenos", ha señalado.

Casajús ha calificado de "decepción para los votantes de Vox" que sus representantes "coincidan con las ideas del PSOE de Pedro Sánchez en una norma que busca reducir burocracia y reactivar la economía regional". Según la diputada popular, "la pinza PSOE-Vox se ha mostrado sin disimulo e incluso se ha unido para poner obstáculos a una ley que beneficia a los ciudadanos".

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños ha recordado que el proyecto de ley procede de un decreto aprobado por el Gobierno regional "que presentaba importantes deficiencias", y que la tramitación parlamentaria "ha permitido escuchar a representantes de la sociedad civil que pidieron mejoras". Ha criticado que el PP "no haya querido modificar ni una coma del texto original", y ha afirmado que el PSOE ha presentado 40 enmiendas con el objetivo de "garantizar la imparcialidad de los servicios públicos, agilizar trámites respetando el medio ambiente, fomentar la participación y asegurar la transparencia en la colaboración público-privada".

El socialista ha advertido de que "el decreto del Gobierno permite edificar sin planeamientos aprobados definitivamente, lo que genera inseguridad jurídica", y ha denunciado que "sustituye los informes técnicos municipales por certificados privados, vulnerando la autonomía local". A su juicio, "en el fondo de todo esto está la privatización de los servicios públicos". Además, ha lamentado que "solo seis de las 40 enmiendas socialistas han sido aprobadas", y ha asegurado que "el texto que llegará al Pleno será prácticamente idéntico al decreto de julio".

Desde Vox, su portavoz en la comisión, Antonio Martínez, ha defendido que una de sus enmiendas aprobadas "reconoce como estratégicos los proyectos que benefician al sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza", una medida que ha calificado de "importante para la Región de Murcia". Sin embargo, ha lamentado que "no se haya aceptado excluir de ese carácter estratégico las plantas solares y de biogás que ocupan suelo agrícola o de regadío".

Martínez ha argumentado que "no puede considerarse estratégico un proyecto que destruye instalaciones agrarias o desplaza actividades esenciales para la seguridad alimentaria", y ha subrayado que "la defensa del campo murciano debe primar frente a intereses energéticos o tecnológicos".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), ha indicado que su grupo ha presentado 44 enmiendas "para cambiar el sentido completo de una ley que considera un auténtico disparate". Ha afirmado que la norma "beneficia a los grandes empresarios y a la patronal, sin tener en cuenta a los pequeños empresarios, los autónomos o la economía social", y ha denunciado que "la tramitación de urgencia ha impedido la participación ciudadana y de las asociaciones vecinales y ecologistas".

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular ha defendido que la Ley de Simplificación Administrativa "no elimina controles ni garantías, sino que los ordena y moderniza". Ha asegurado que "simplificar no es desregular, sino hacer lo mismo con las mismas garantías, de manera más rápida y eficiente", y ha insistido en que "la norma se basa en la confianza en el ciudadano, la cooperación técnica y la seguridad jurídica".

El dictamen de la comisión se someterá a votación en el Pleno de la Asamblea el próximo miércoles en una sesión que también incluirá una comparecencia de control al presidente del Gobierno regional y a los consejeros.