MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales de Murcia, tras valorar la situación actual y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de "calidad" que el sistema constitucional exige, ha reclamado, entre otras cuestiones, "tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas".
Con el conjunto de propuestas defendidas han hecho un nuevo llamamiento a todos los responsables de la Justicia, recordando que ésta "no puede ser vista como un problema, sino que debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis".
Entre las propuestas, abogan por la "retirada inmediata del Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica".
Así como "potenciación de la estructura y competencias del CGPJ y el Consejo Fiscal". En su opinión, el CGPJ "debe mantener su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal", expresando, de este modo, su rechazo a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".
Reclaman también "autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la Autonomía del Ministerio Fiscal".
Respecto al número de jueces y fiscales, señalan "el aumento de la planta hasta alcanzar los parámetros de la media europea, debiendo convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas".
La Justicia, consideran asimismo, "debe ser impartida exclusivamente por jueces y fiscales profesionales, ya que la sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina".
En esta línea, abogan por la "determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado y la aplicación como límite de entrada máximo admisible y con efectos inmediatos". Una vez alcanzada la carga máxima, "deberán crearse las nuevas plazas judiciales y fiscales necesarias de forma automática", indican.
Apuestan, también, por "la eficacia y optimización de recursos: nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de tribunales de instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales, cuya actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado".
Y adopción de medidas para "paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran juzgados y fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias".
Por último, piden una "regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los Jueces como Poder del Estado y los Fiscales en tanto que integrados en el Poder Judicial con autonomía funcional".
Los firmantes son Mª Teresa Sáez, de APM; José Luis González, AJFV; Joaquín Bosch, JD; Angel Dolado, FJI; José Hidalgo, Asociación de Fiscales; José María Caballero APIF; y María Moretó Matosas, UPF.
