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MURCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los profesionales de la red regional de centros y recursos para la ejecución de medidas judiciales, dependientes de la Comunidad, han atendido a un total de 8.060 jóvenes, quienes han dado cumplimiento a 13.748 medidas judiciales, tanto en medio abierto como de internamiento, desde el año 2006.
En cumplimiento de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la Comunidad promueve la ejecución de medidas, impuestas por los Juzgados de Menores y dirigidas a que el menor infractor reciba una intervención de naturaleza educativa.
Del total de los jóvenes, 7.168 eran varones y 892 mujeres y sus edades comprendían entre los 14 y los 18 años. El 49 por ciento de los adolescentes tenían de 16 a 17 años; el 37,9 por ciento de los jóvenes superaban la mayoría de edad y el 12,9 por ciento de los menores tenían 14 y 15 años.
Igualmente, el 78,2 por ciento de los jóvenes eran de nacionalidad española y el resto, el 21,8 por ciento, de nacionalidad extranjera, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Así lo recoge la memoria de actividades 2006-2013 del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores de la Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores.
MEDIDAS JUDICIALES
Los menores atendidos en la red regional de centros han ejecutado 13.717 medidas judiciales, de las que 11.292 fueron en medio abierto y otras 2.425 en la modalidad de internamiento, todas ellas impuestas por los Juzgados de Menores.
Entre las medidas en medio abierto, aquellas que se cumplen en el entorno social, escolar y familiar del menor, la libertad vigilada ha sido la medida más ejecutada, en concreto, en 5.469 ocasiones.
Esta medida conlleva que el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social.
Asimismo, se ejecutaron 3.433 prestaciones en beneficio de la comunidad, 2.141 medidas correspondieron a tareas socioeducativas, 209 a convivencia con otra persona o familia, 20 a tratamiento ambulatorio, 13 a permanencia de fin de semana en domicilio y 7 a la asistencia a un centro de día.
Se ejecutaron 2.425 medidas privativas de libertad, cuyo objetivo es el de disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar su comportamiento en la sociedad.
De este modo, 1.468 medidas consistieron en el internamiento en régimen semiabierto, 385 al internamiento en régimen abierto, 338 al internamiento en régimen cerrado, 186 a la permanencia de fin de semana en el centro y 48 al internamiento terapéutico.
Por otro lado, se adoptaron también 929 medidas cautelares, de las que 348 fueron de internamiento en régimen semiabierto, 201 de internamiento en régimen cerrado, 193 de libertad vigilada, 140 de convivencia con otra persona o familia, 29 de internamiento en régimen abierto y 18 de internamiento terapéutico.
