En relación con el PIB, el sobreesfuerzo económico en la Región es tres décimas superior a la media nacional
MURCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sobreesfuerzo económico de las familias murcianas con algún hijo con discapacidad intelectual oscila de media entre los 18.104 euros y los 28.625 euros al año, en función de si se tiene en cuenta el coste de oportunidad o no, según indicó hoy el vicepresidente de la Federación de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (Feaps) de la Región de Murcia, Joaquín Barberá.
Estos datos se recogen el el 'Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España 2008', elaborado por Antares Consulting con el patrocinio de Endesa, que Barberá presentó, en rueda de prensa, y que anunció pretende trasladar a la Administración "para que cada vez este esfuerzo de las familias se vaya minorando".
En total, el sobreesfuerzo económico del conjunto de las familias murcianas que tienen en su seno a alguna persona con discapacidad intelectual asciende a 226,1 millones de euros, lo que equivale al 0,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional de 2008, un porcentaje que es tres décimas superior a la media del conjunto del país. Y es que, en España la cifra global es de 7.601,5 millones de euros, lo que supone el 0,5 por ciento del PIB nacional.
En concreto, el sobreesfuerzo medio en la Región, sin contar el coste de oportunidad (la repercusión laboral, tanto por la falta de empleo del discapacitado y, por tanto, de salario, como de la persona que lo cuida, que o bien no puede trabajar o bien tiene que reducir su jornada o abandonar su puesto de trabajo), es de 18.104 euros anuales, esto es, unos 1.500 euros al mes, lo que representa 2,4 veces el salario mínimo interprofesional.
Asimismo, Barberá explicó que en la Región de Murcia hay 7.811 personas con discapacidad intelectual y estimó que, tomando de media que la familia murciana cuenta con 3,5 miembros, "el sobreesfuerzo del que hablamos afecta a unas 28.000 personas, que sería lo mismo que toda la población de Calasparra y La Unión juntas".
Igualmente, aclaró que el índice de sobreesfuerzo "se calcula restando las ayudas, subvenciones y coste por plaza que las diferentes administraciones públicas destinan al colectivo de las personas con discapacidad intelectual", así como que estas cifras "no deben interpretarse como la cantidad de dinero que la unidad familiar necesita gastar, sino como el valor económico resultante de cuantificar el conjunto de costes en los que incurre la familia, una vez restadas las medidas compensatorias".
MÁS RELEVANCIA POR LA CRISIS.
"Se trata de la expresión en euros de las consecuencias económicas de la discapacidad en la familia", aseveró Barberá, quien añadió que "en la actual situación de crisis económica, estos datos cobran mayor relevancia y demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que sobrellevan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual".
De esta forma, el estudio cuantifica, por comunidades autónomas, no sólo el gasto corriente extra en discapacidad, sino también las horas extras de dedicación no financiadas, por ninguna administración, así como los costes de oportunidad.
Por último, Barberá indicó que la Ley de Dependencia, en general, "no ayuda en nada, pues lo que viene a decir es que a lo que teníamos antes reconocido, ahora tenemos derecho". No obstante, recordó que "desde 2000 a 2009 las subvenciones del Gobierno regional para mantenimiento de nuestros centros se han triplicado".
