Suspendido el juicio por delito ambiental en el Mar Menor ante la ausencia justificada de un perito clave

Los letrados de la Administración de Justicia procederán a señalar una nueva fecha de la vista según la agenda programada

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, presidido por el magistrado José Manuel Nicolás, ha acordado este miércoles la suspensión de la vista oral contra dos mercantiles y un empresario agrícola por un presunto delito contra el medio ambiente en el Mar Menor entre los años 2015 y 2017.

La decisión responde a la incomparecencia "justificada" del ecotoxicólogo forense Luis Murillo, facultativo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, considerado el perito clave de la causa.

Según el escrito de calificación fiscal, el experto fue el encargado de hacer el informe pericial después de que la Guardia Civil constatara la existencia de desaladoras carentes de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en varias fincas del Campo de Cartagena.

El informe de Murillo determinó que el agua desalada provocó un grave riesgo a la calidad de las aguas de la laguna y, a través de estas, a los animales y plantas del ecosistema, siendo "una causa principal de deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor", según señala el Ministerio Público.

El fiscal del área de Cartagena, Miguel de Mata, ha solicitado la suspensión del plenario al no poder renunciar a la "prueba estrella" del procedimiento, ya que su informe técnico demuestra el perjuicio que determina las circunstancias del tipo delictivo.

A esta petición se han adherido de forma unánime las acusaciones particulares, entre las que figuran los Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San Javier, además de personaciones civiles que aglutinan al Ayuntamiento de Murcia y colectivos ecologistas como Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Comisión Promotora de la ILP, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace España y Alianza Mar Menor Amarme.

Los letrados han rechazado fraccionar la vista en varias sesiones para salvaguardar los principios de unidad de acto e inmediación, y han descartado la propuesta de sustanciar la pericial como diligencia final.

El magistrado presidente ha decretado el aplazamiento ante la falta de una "previsión cierta" sobre cuándo podrá comparecer el perito forense, fundamentando la decisión en la necesidad de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión de todas las partes.

Los letrados de la Administración de Justicia procederán a señalar una nueva fecha de juicio según la agenda programada.

En este procedimiento, la Fiscalía de Área solicita para el acusado una pena de 7 años de prisión, multa de 9.000 euros e indemnizaciones por valor de 506.137,44 euros por los perjuicios ocasionados al dominio público marítimo e hidráulico.

Por su parte, la acusación particular reclama multas que ascienden a 1.012.274,48 euros y la suspensión de la actividad empresarial durante un periodo de tres años, además de una indemnización superior a medio millón de euros.