UGT advierte del riesgo de "desregulación" al reducir burocracia y reclama reforzar plantillas y diálogo social

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Francisca Sánchez Salmerón, ha defendido este martes en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que avanzar en la simplificación "puede tener un impacto positivo en actividad y empleo e incluso disuadir la economía sumergida", pero ha alertado del "riesgo" de que, "bajo el pretexto de reducir burocracia", se abran "puertas a la desregulación o al debilitamiento de garantías y controles" en ámbitos como "derechos laborales, salud y seguridad, medio ambiente o patrimonio cultural", durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley de simplificación administrativa.

Sánchez ha pedido no separar la reforma normativa del "estado real de los medios humanos y materiales" de la Administración, que ve "insuficientes".

Ha preguntado si se ha evaluado "el impacto sobre la carga de trabajo" que supondrán el acortamiento de plazos, los cambios en el silencio administrativo o la generalización de la declaración responsable, y cómo afectará a las unidades encargadas de la comprobación a posteriori. "No es lo mismo mover cargas de un sitio a otro que eliminarlas", ha resumido.

UGT ha censurado que el decreto-ley original "se hurtó del diálogo social" y no recabó dictamen del Consejo Económico y Social, y ha reclamado que, en su tramitación como proyecto de ley, "se escuchen otras voces" y se corrijan "aspectos erróneos".

La dirigente sindical ha reclamado "un diseño estable de estructuras y dotaciones de personal" y ha rechazado extender "como solución" las entidades colaboradoras de certificación: "La simplificación no puede traducirse en externalización de controles".

En las respuestas a los grupos, Sánchez ha insistido en "garantizar que la protección ambiental no se vea comprometida por atajos" y en la necesidad de "más personal cualificado", subrayando que la agilización "beneficia si no sirve para saltarse procedimientos".

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha coincidido con UGT en que la ley debe preservar "el interés general, el medio ambiente y el patrimonio" y ha reprochado al Gobierno regional "no contar con los sindicatos" en la elaboración del texto. Ha preguntado si el problema obedece a "falta de funcionarios y medios", y ha defendido la colaboración público-privada "con todas las garantías".

Por Vox, Virginia Martínez ha mostrado "curiosidad" por la participación sindical en una norma "no laboral", ha defendido la desregulación "como necesaria" y ha reclamado "eliminar organismos que dificultan la economía", además de recordar "escándalos pasados" vinculados a UGT y exigir "que la simplificación se implemente de verdad", tras afirmar que la aplicación de anteriores leyes "no llegó al 50%".

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha felicitado a la representante de UGT por una intervención "clara" y ha pedido que se concrete "en qué mejora la vida de la mayoría social" la norma, reclamando priorizar políticas para trabajadores y servicios públicos.

La diputada del PP, María Casajús, ha defendido que la ley "no privatiza funciones públicas" ni crea "administración paralela", y ha asegurado que el control sigue siendo público.

Ha citado la declaración responsable como herramienta para "acortar trámites sin eliminar fiscalización", y ha sostenido que la norma "reorganiza internamente, gana agilidad y aporta seguridad jurídica", con el objetivo de "atraer inversión, impulsar vivienda y empleo".