VALENCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 100 personas se concentraron hoy, según fuentes de la Policía Local, y 300 según la organización, frente al Palau de la Generalitat, para exigir una reunión con el presidente del Consell, Francisco Camps, para "comentar qué pasó", "si se pudo evitar el accidente de la Línea 1 de metro del pasado 3 de julio en el que fallecieron 43 personas", y exigir que "se asuman las responsabilidades correspondientes", según informó uno de los portavoces de la Asociación de Víctimas 3 de Julio Miguel Ángel Muñoz.
En la concentración, que tuvo lugar en la plaza Manises de la capital valenciana, y a la que asistió la candidata a la alcaldía de Valencia por parte del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, se pudieron leer algunas pancartas que aludían a que "Seguimos esperando respuestas"; "Queremos una investigación limpia con técnicos independientes a la Generalitat y a FGV" y "Nuestro dolor no se calma con falsas acusaciones a un conductor fallecido. Dimisiones ya".
Por su parte, Alborch, consideró que estas iniciativas "son una llamada de atención ante la inmovilidad de la Generalitat", mientras que el presidente de la asociación, Enric Julió, calificó la concentración "como una prolongación de la reivindicaciones, pero no como víctimas ni familiares, sino como ciudadanos". Además, señaló que desde la asociación se sienten "ninguneados y obviados por parte de las Administraciones Públicas".
Del mismo modo, el portavoz de la entidad Miguel Ángel Muñoz explicó que se encuentran "en la misma situación que hace meses", y puntualizó que, a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones una reunión y de haber enviado una carta al registro de presidencia, "no hemos recibido ninguna noticia por parte de Camps", Por este motivo, destacó que "como el presidente del Consell no nos ha llamado, hemos ido nosotros a la Generalitat".
Por otra parte, subrayó que les Corts Valencianas "hicieron una Comisión sin que apenas hubiera investigación", y añadió que llegaron a la conclusión "de que nadie tenía la culpa, de que el único culpable, si acaso era el conductor". En este sentido, apunto que el conductor "es una persona que tiene la misma presunción de inocencia que cualquier otra y que no hay nada demostrado de que el fuera el culpable ni lo contrario".
Asimismo, indicó que "ni nosotros ni ellos podemos hacer un juicio sobre lo que realmente pasó", y agregó que hay dejar a la justicia "que trabaje tranquila, y que realice una investigación independiente".
Por otro lado, el presidente de la asociación resaltó que "nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidades", y puntualizó que ni profesionales ni políticas". Sobre este aspecto, exigió el cese de la directora gerente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y del presidente del FGV y conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, aunque concretó que la reivindicación es que "deje su función como presidente de esta empresa y no como conseller".
En opinión de Muñoz, "la gestión que ha habido en el FGV no ha sido la correcta", y calificó como una "barbaridad", lo que se dijo sobre "que que todo estaba perfecto, que el metro de Valencia es de lo mejor del mundo entero, y que el accidente fue una cosa fortuita", cuando realmente "se trata del accidente más grave de toda Europa por el que fallecieron 43 personas en las vías", apuntó.
Respecto a las indemnizaciones que se pagaron a los familiares de las víctimas, señaló que la Generalitat actuó de una forma "excesivamente rápida, creando ansiedad en los primeros meses que era cuando peor estábamos". Asimismo, apuntó que "después de poco más de un mes nos llenaron de papeles para pagarnos, sin explicarnos los baremos y referencias que se habían utilizado", y agregó que "han habido muchas discrepancias y no ha todas las familias se les ha tratado por igual".
Sobre este tema, subrayó que "hay que analizar cómo se tienen que repartir estas indemnizaciones, para que sean lo más equitativamente posibles para todos", y concluyó que "sino cambia la situación serán los tribunales los que digan qué fue lo que pasó y lo que nos corresponde cobrar a los familiares".
