Antes del juicio, que comenzará el 15 de febrero, se realizará una nueva prueba pericial con los restos de explosivos de los trenes
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará a los 29 procesados por su implicación en los atentados del del 11-M a partir del próximo 15 de febrero, ha aceptado la citación, en calidad de testigos, de tres miembros de ETA. De trata del 'histórico' Henri Parot y de los jóvenes Irkus Badillo y Gorka Vidal, detenidos en relación con una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos que se dirigía a la capital días antes de la masacre, el 29 de febrero de 2004, y que fue denominada 'caravana de la muerte'.
Fuentes de la Sala señalaron hoy que los tres miembros de ETA citados lo son a petición de una de las defensas, la del presunto autor material de la masacre Jamal Zougam, y justifican que, de haberse denegado esta prueba, se estaría causando "grave indefensión" a esta parte. No obstante, si el abogado de Zougam, Andrea Chalaris, renuncia estos testigos, el resto de partes no podrá interrogarlos y ni siquiera serán llevados ante el tribunal.
En el auto de admisión de pruebas dado a conocer hoy, el tribunal, que integran los magistrados Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás y Javier Gómez Bermúdez rechazan la citación de otros cuatro miembros de ETA cuya presencia en el juicio del 11-M había sido requerida por una de las acusaciones, ejercida por un grupo de particulares afectados. Entre los reclamados estaba el miembro del "comando Andalucía" de ETA Harriet Iragi.
Las mismas fuentes señalaron que Parot ha sido citado porque una nota con su nombre fue hallado en la celda del islamista Abdelkrim Bensmail, detenido en la denominada "Operación Nova", y que no será juzgado en esta causa.
CASI 600 TESTIGOS y 98 PERITOS.
En total comparecerán ante el tribunal del 11-M entre 570 y 680 testigos -la cifra concreta no se conoce porque los listados pueden incluir policías duplicados, identificados por su nombre en un lado y su número profesional en otro-.
Entre los testigos inadmitidos por el tribunal están altos cargos del gobierno del PP, como el ex presidente José María Aznar y los que fueran ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad cuando se produjeron los atentados, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa, respectivamente. La Sala considera que ninguno de ellos tiene relación con la causa y que sólo podrían aportar datos de referencia como responsables políticos, por lo que descarta su presencia.
Por la misma razón, al tratárse de testigos de referencia, ha sido rechazadas la comparecencias como testigos del juez Baltasar Garzón y de los responsables de la Policía Autónoma Vasca y del CNI al producirse producirse la masacre, puesto que su testimonio se considera irrelevante. Tampoco se han admitido como testigos a varios intérpretes y médicos forenses puesto que todos ellos, de comparecer, deberían hacerlo en condición de peritos.
En cambio, la Sala ha admitido la comparecencia durante la vista de casi toda la cúpula policial en el momento de los atentados. Tampoco se incorporarán al proceso las investigaciones de la juez Gemma Gallego sobre el denominado caso del "ácido bórico", las investigaciones judiciales sobre las detenciones de la "Caravana de la Muerte" o diversas informaciones periodísticas. La inclusión de ambos datos había sido solicitada por la acusación ejercida en nombre de la Asociación de Ayuda a los Afectados por el 11-M.
PERICIAL.
Por lo que se refiere a la prueba pericial, se han propuesto a 98 expertos, que comparecerán en grupos en función de la pericia realizada. Se prevé que durante la vista sean ratificadas una quincena de pericias referidas a explosivos, daños causados, perfiles de ADN, toma de huellas, médico-forenses etc.
En su auto, la Sala acepta la realización de una nueva prueba pericial sobre los restos de explosivos hallados en los distintos focos de las explosiones, a petición de la defensa de Zougam, de la Asociación de Ayuda al 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la misma acusación particular que solicitó que comparecieran siete etarras.
El tribunal justifica la elaboración de este nuevo análisis en cumplimiento del artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le faculta para permitir pruebas distintas a las propuestas por las partes, con el fin de "conciliar" las diferentes pretensiones y por "la necesidad de despejar todas las dudas" puestas de manifiesto por varias de las acusaciones con respecto al explosivo empleado en la masacre.
PERICIA GRABADA Y SELLADA.
Para ello, la Sala arbitra en su auto todo un catálogo de condiciones para la realización de la nueva pericia. En principio, se librará oficio a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que, en un plazo de un día, comunique al tribunal las muestras-testigo que tengan reservadas y los vestigios de explosivos recogidos en todos y cada uno de los focos de explosiones y la Renault Kangoo presuntamente utilizada para su traslado.
Si no existieran restos, deberá emitirse un informe antes del próximo 10 de febrero en el que se explique la razón por la que no existen muestras , por qué no se recogieron o consumieron o no se realizó pericia sobre ellas. De existir aún dichos restos, se realizará una nueva prueba pericial "que permita determinar las sustancias, elementos y/o componentes químicos que hay en ellos", con el fin de expresarse finalmente "el tipo de explosivo que racionalmente se estime que pudo haberse utilizado".
La prueba pericial se realizará en los laboratorios de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía por parte de dos agentes de este Cuerpo, dos guardias civiles, y un perito por cada una de las partes proponentes de la prueba, a los que se añadirán otro más por el resto de las acusaciones y otro por las defensas personadas. Todos los expertos deberán presentar sus credenciales ante la Sala antes del próximo lunes.
El auto añade que la prueba pericial será gravada en audio y vídeo "por, al menos, dos cámaras que se usarán sucesivamente" y que después serán precintadas en presencia del secretario judicial. Los peritos deberán un borrador de informe -aunque no exista unanimidad sobre el mismo-, antes de las 15 horas del próximo 13 de febrero.
