MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez remitió hoy un escrito al tribunal que juzga los atentados del 11-M en el que solicita que comparezcan ante el tribunal, los agentes citados por el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera en la carta en la que reveló la identidad de la fuente que le comunicó la existencia de un supuesto informe en el que se vincularía la masacre con ETA. Los nuevos testigos serían el mencionado informante- el comisario Enrique García Castaño-, el ex comisario general de Información Telesforo Rubio y el policía a quien éste último encargó inicialmente el informe.
En el escrito de la fiscal se explicita que el objetivo de estas citaciones es el de "constatar los datos y circunstancias de la declaración del señor Díaz de Mera" el pasado 28 de marzo, cuando se negó a revelar dicha fuente al tribunal, así como "esclarecer su incidencia en la investigación de los hechos".
El Ministerio Público se refiere en su escrito, sin citar sus nombres, a los funcionarios policiales 15.756 -Telesforo Rubio-, al 18.684, que fue el agente a quien se encargó la elaboración del informe y al citado por Díez de Mera como su informante, que es es García Castaño, "con la aplicación en su caso de las medidas de protección" que prevé la Ley para los testigos protegidos.
El escrito de la fiscal no hace mención a un cuarto policía al que se refiere la carta del ex director general, el agente con número de carnet profesional 13.610, que fue el encargado de la redacción final del informe, puesto que su participación en el juicio como testigo-perito ya estaba prevista por la Sala.
TRAS CONOCERSE LA FUENTE.
El escrito de la fiscal Sánchez responde a la providencia dictada ayer por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se daba cuenta del contenido de la carta de Díaz de Mera, remitida el pasado 3 de abril al presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez.
En la misiva el eurodiputado popular justificaba su cambio de decisión sobre la revelación de la fuente en su convicción de que la "colaboración con la justicia" debía prevalecer a "cualquier otra circunstancia", y porque su lealtad no había sido correspondida por la persona que intentaba proteger.
Explicaba también que los detalles del supuesto informe de fueron facilitados por este agente sin que él solicitara ninguna información al respecto, en septiembre de 2006. Todo comenzó cuando el comisario Rubio encargó un informe sobre "las posibles conexiones entre islamistas y la organización terrorista ETA con referencia al 11-M".
Este informe fue encomendado, según Mera, "a un gran conocedor de la lucha antiterrorista", con número 18.684, y en él se relataban relaciones entre islamistas y ETA y apuntaba las vías de investigación que se debían seguir. Díaz de Mera agregaba que a Rubio "no le gustó" su contenido, por lo que prescindió de los servicios del 18.684 y "lo trasladó al País Vasco", donde había estado destinado en otra etapa de su vida profesional.
El informe de esta persona se trasladó --continuaba Díaz Mera-- a otro funcionario policial (el 13.610) que, según la fuente informante "lo manipuló" y "omitió las referencias a las conexiones con ETA". Finalmente este informe modificado pasó por otras dos manos, las de dos funcionarios, un hombre y una mujer, "que dieron la redacción final al documento".
Por su parte, el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, envió un escrito el pasado día 30 a la Dirección General de Policía, en el que daba cuenta de que Díaz de Mera le llamó dos veces después de comparecer ante el tribunal del 11-M, y en el que subrayaba que él, por su parte, nunca le había comentado al ex director general que la banda terrorista ETA tuviese relación alguna con los atentados del 11-M.
