MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha elevado a la Sala de lo Penal de esta sede la cuestión de competencia planteada por la plataforma España y Libertad, que considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, carece de jurisdicción para investigar el delito de falsedad en documento público presuntamente cometido por los peritos que realizaron el informe que vinculaba a uno de los procesados del 11-M con ETA.
Tras la decisión adoptada hoy por el juez Pedraz, y conforme al artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si Garzón es competente para investigar estos hechos. Pedraz sustituye a su compañero Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 mientras éste se encuentra de viaje en Colombia.
La Sección Segunda de lo Penal acordó el pasado miércoles remitir a los Juzgados de Instrucción de Madrid la investigación de la causa que se seguía en el juzgado de Juan del Olmo por estos mismos hechos, al entender que la Audiencia Nacional no es competente sobre la comisión de delitos de falsedad en documento oficial. Sin embargo, fuentes de la Sala afirmaron entonces que el juez Garzón tenía legitimidad para seguir practicando diligencias en relación con los supuestos informes.
Fuentes jurídicas informaron también de que la defensa de los tres peritos, ejercida por la Confederación Española de la Policía (CEP), ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión del juez Garzón de imputarles por un delito de falsedad en documento oficial. En caso de que Garzón, tras volver mañana de su viaje, lo desestime, será la Sala de lo Penal quien tenga que pronunciarse sobre él.
MAÑANA COMPARECE LA COORDINADORA DE ESPAÑA Y LIBERTAD
El juez Baltasar Garzón ha citado mañana a la coordinadora general de la Plataforma España y Libertad, Yolanda Morín, para que se ratifique en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía de este órgano judicial contra los peritos y mandos policiales implicados en la elaboración del informe presuntamente falsificado.
En un comunicado, la plataforma señalaba ayer que Morín manifestará ante el juez Garzón que, a su entender, éste carece de jurisdicción para investigar tales delitos, y que la ratificación de la denuncia, por tanto, se realizará ante el juzgado competente, que según ellos es el de Instrucción número 35 de Madrid.
Fue precisamente esta denuncia de España y Libertad la que dio lugar a que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigase los informes supuestamente falsificados. La denuncia de la plataforma fue formulada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que derivó las actuaciones a Garzón tras comprobar que este magistrado ya investigaba a El Haski, en cuyo domicilio se encontró ácido bórico, en el sumario sobre los atentados de Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003.
Por su parte, la Sala de lo Penal tiene previsto dictar un auto mañana en respuesta al recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía contra la decisión del tribunal de remitir a los Juzgados de Instrucción de Madrid la investigación sobre los documentos supuestamente manipulados. Según el Ministerio Público, la investigación del caso debería ser realizada por el juez Garzón como pieza separada del "caso Casablanca".
