MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.029 entidades locales se sumaron a un plan de préstamos del ICO para saldar deudas con sus proveedores en 2011, pero el 36 por ciento de ellas no logró devolver el dinero en los plazos previstos, según figura en un informe del Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador ha revisado el resultado de un real decreto del Gobierno del PSOE de agosto de 2011, por el que se puso en marcha una línea financiera del ICO para entidades locales con deudas por suministros, obras o servicios realizados hasta el 30 de abril de 2011.
En total, 1029 entidades (1.025 ayuntamientos, dos diputaciones y dos consejos insulares) se sumaron al plan, por un importe total de 967,7 millones. Con los préstamos susucritos por ese millar de entidades locales, se abonaron 222.975 facturas de 12.000 autónomos y 26.000 empresas.
La mayoría de entidades con deudas exigibles con sus proveedores no se sumaron sin embargo a esta línea de crédito, lo que "no contribuyó a atenuar la morosidad sobre la liquidez de las empresas". Según el Tribunal de Cuentas, las condiciones de la financiación no invitaban a sumarse, con un tipo de interés del 6,5% TAE fijo sin posibilidad de negociación. El coste de este programa para las entidades locales fue en total de 128,4 millones.
En el acuerdo, se obligaba a las entidades locales a atender las deudas a su vencimiento o arriesgarse a perder parte de las transferencias del Estado; el 36 por ciento de ellas no lo hicieron (373 entidades). Así, Hacienda procedió a retenerles su participación en los tributos del Estado para saldar deudas, lo que se pudo lograr en 171 casos. En los otros 202, no se logró pese a ello recuperar la totalidad de la deuda.
Esta línea del ICO de 2011 es precedente de los planes de pago a proveedores puestos en marcha en los años siguientes por el Ejecutivo del PP, para ayudar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a saldar deudas pendientes con proveedores y terminar con las denominadas 'facturas en el cajón'.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones, el Tribunal propone que las Entidades Locales establezcan procedimientos que garanticen la anotación en la contabilidad financiera de los gastos y deudas con los proveedores íntegramente desde el momento en que se realizan, mejorándose así la imagen fiel de los estados financieros y asegurándose la fiabilidad de las cuentas.
Asimismo, el Tribunal recomienda que se den mayores facilidades de acceso a las medidas de ayuda a aquellas entidades locales que aprueben regularmente sus cuentas generales y que las rindan en plazo al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, así como a las que publiquen los datos esenciales de su gestión, puesto que de este modo se contribuiría a fomentar la transparencia.
La institución propone que, en las medidas extraordinarias que se adopten por el Gobierno para promover el pago de sus obligaciones por las Entidades, se fijen condiciones que favorezcan que se consiga este objetivo, así como que se establezcan penalizaciones o restricciones a imponer a aquellas entidades que no realicen los pagos de los préstamos a su vencimiento, con lo que se estimularía el pago en plazo y se disuadiría el incumplimiento.
