También solicita como medidas cautelares la suspensión de actividades de ambos partidos y el embargo de sus cuentas
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía del Estado ha incluido en las demandas de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), presentadas hoy ante el Tribunal Supremo, la petición realizada por el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba el pasado lunes de que suspenda la entrega de recursos procedentes de la financiación pública a ambos partidos.
Los dos escritos solicitan la aplicación por parte del alto tribunal de varias medidas cautelares y entre ellas se incluye la aplicación del artículo 3 de la Ley de Financiación de Partidos que establece que una vez iniciado un proceso de ilegalización la autoridad judicial podrá acordar a propuesta de Interior esta suspensión en la entrega de fondos públicos.
La Abogacía destaca que Rubalcaba pidió la aplicación de la norma a través de un oficio remitido el día 28 de enero y añade que en caso de que la medida no fuera adoptada las formaciones afectadas seguirían percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas.
Estas sumas económicas, agrega el abogado estatal, "serían empleadas en la financiación de actividades de una organización criminal".
SUSPENSIÓN CAUTELAR Y EMBARGO.
Además, la Abogacía incluye en la demanda la petición de que se suspendan las actividades de los dos partidos y en particular su derecho a presentar candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo.
Justifica esta petición en función del "interés público o general" y destaca que la actuación ilícita de las formaciones debe cesar de forma inmediata ya que supone una perturbación del correcto funcionamiento de las Instituciones democráticas.
"La simple participación en la campaña electoral de un partido político que actúa al servicio de una organización terrorista supone un ataque al sistema democrático", dice el abogado.
La última medida cautelar solicitada es el embargo de las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de PCTV y ANV. El representante Estatal advierte en este caso que si ésta no se aplicara no se cumpliría la Ley de Partidos que ordena la liquidación de fondos una vez acordada la disolución de un partido político.
El abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, anunció esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación que solicitará a la Sala del 61 que, antes de tomar una resolución, oiga a todas las partes --incluídos los representantes de los partidos-- antes de tomar una decisión sobre estas medidas.
DEMANDA INDEPENDIENTE
Por otra parte, las dos demandas incluyen una explicación sobre la vía elegida para promover la ilegalización de ambas formaciones. El representante del Estado indica que es consciente de que podría haber recurrido a la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna dado que PCTV y ANV son sucesoras de ésta.
No obstante la Abogacía ha optado por plantear la demanda de forma independiente debido a que considera conveniente utilizar el procedimiento que ofrece mayores garantías procesales. Subraya también que los hechos recogidos en ambas demandas son "causa suficiente" por sí solos y sin necesidad de referirlos a ningún partido político anterior para declarar la disolución.
