La Abogacía del Estado pide que se desestime la recusación del PP contra el magistrado del TC Pérez Tremps

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado presentó hoy ante el Tribunal Constitucional un escrito en el que solicita que se desestime la recusación presentada por el PP contra el magistrado de este órgano Pablo Pérez Tremps, dirigida a evitar su participación en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto Catalán. Considera que no existe la pérdida de imparcialidad denunciada por los populares.

Según el PP, Pérez Tremps incurre en uno de los supuestos de recusación que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial, el de carencia de imparcialidad objetiva, ya que en su día participó en la redacción de un libro libro titulado 'Estudios sobre la reforma del Estatuto', encargado y pagado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat. Según el Abogado del Estado ello no le condiciona, ya que cuando realizó este trabajo no existía si quiera un borrador sobre la reforma estatutaria.

En un escrito de diez páginas, la representación legal del Estado argumenta que cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos realizados por Pérez Tremps, "éstos no pudieron ni remotamente referirse a un texto legal que, al tiempo de redactarse, ni siquiera existía articulado en un anteproyecto".

Añade que tampoco tiene importancia quien encargara la redacción del libro, "sino que en tales estudios se aprecie una toma de postura sobre el concreto litigioso que permita presumir esa pérdida de neutralidad, lo cual, como hemos visto, no puede concurrir en este caso, en tanto al realizarse el trabajo considerado no existía ni anteproyecto, ni borrador, ni texto alguno concreto de reforma estatutaria".

DETALLES DEL LIBRO.

Sobre lo dicho en su día por Pérez Tremps en su libro, el abogado del Estado señala que únicamente sintetiza la conocida doctrina del Tribunal Constitucional según la cual, la proyección exterior de las comunidades autónomas debe estar vinculada con el ejercicio de competencias propias y vendría, en todo caso, limitada por la competencia estatal sobre relaciones internacionales.

Esta conclusión, según la Abogacía del Estado, "se alcanza con una simple lectura de la doctrina constitucional en la materia".

Otras consideraciones de Pérez Tremps harían mención a que la participación autonómica sea de la mayor intensidad posible, "sin concretar dónde se encontrarían los límites constitucionalmente posibles, ni especificar la forma de esa participación. "No existe, por tanto, toma de postura sobre si la concreta participación establecida en el Estatuto Autonómico de Cataluña (EAC) 2006 es o no conforme a la Constitución", señala el abogado del Estado.

Finalmente, recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en su día sobre la naturaleza académica de los trabajos realizados por el magistrado recusado, y señaló que los trabajos no versan sobre el nuevo Estatuto Catalán. La opinión del recusado, según el propio tribunal, se limitó a recoger la conocida doctrina del Tribunal, sin pronunciamiento sobre las opciones recogidas estatutariamente.

El pasado día 7 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite la recusación presentada contra Pérez Tremps y rechazó otra promovida por la Generalitat y el Parlamento catalán contra el magistrado Roberto García Calvo.

El Pleno que acordó la admisión a trámite estaba compuesto por la presidenta, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, y los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala y Manuel Aragón. Se designó a Delgado como instructor del incidente y a Rodríguez-Zapata como ponente.

Mientras se resuelve la recusación presentada por el Partido Popular, el procedimiento para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado queda paralizado.

Una semana antes, en una reunión que se prolongó por espacio de siete horas, el Pleno del alto Tribunal acordó rechazar por unanimidad, con un voto particular concurrente, la recusación interpuesta por el PP contra su presidenta, María Emilia Casas, argumentando que su marido, el catedrático Jesús Leguina Villa, había colaborado en la elaboración de un dictamen sobre la constitucionalidad del Estatut.