Archivo - El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (d); el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva (c) y el exconsejero de Interior Joaquim Forn (i), junto al resto de los líderes independentistas acusados por el proceso soberanista c - Pool - Archivo
MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El abogado que interesó los indultos para los líderes del 'procés' soberanista catalán, Francesc Jufresa, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo oponiéndose a que se admita el incidente de recusación contra Inés Huerta, una de las magistradas que debe resolver sobre los recursos de reposición presentados ante el alto tribunal por los partidos políticos contra la medida de gracia concedida por el Gobierno.
Según explican a Europa Press varias fuentes jurídicas, la recusación, que fue presentada por la Fundacio Catalana L'Esplai, es "un despropósito". En ese incidente, que puede ralentizar el curso del asunto en la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, se argumentaba que esa magistrada debía ser recusada porque ostentó el cargo de vicepresidenta de la Junta Electoral Central (JEC) en 2019 y 2020, cuando algunos de los encausados --"Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros"-- fueron excluidos de las listas electorales para los comicios del 10 de noviembre de 2019 al Congreso de los Diputados y Senado.
En el escrito de oposición a ese incidente, al que ha tenido acceso esta agencia, se explica que tras recibir la providencia del Supremo por la que se suspende el proceso hasta resolver la recusación de Huerta, no se advierte que de la información de prensa que aporta esa fundación catalana --en la que se apunta que perteneció a la JEC-- "se derive per se que se halle incursa en motivo alguno de recusación".
Entienden que el Acuerdo 624/2019 adoptado por la Junta Electoral Central el 17 de octubre de 2019 --relativo a esos vetos a las listas-- "constituye a juicio de esta parte, un acto reglado". Por eso, señala la parte que "ni el haber formado parte de la Junta General Central, ni adoptar colegiadamente acuerdos adoptados por ministerio de la ley constituye causa de recusación".
No obstante, sí que interesa que la magistrada recusada informe ahora sobre si considera que se encuentra ante una causa de abstención "para su eventual intervención en cualquier acto futuro del presente procedimiento".
Y concluye señalando debe alzarse la suspensión de la tramitación de esta causa "en aras al principio de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva de los beneficiarios de la gracia del indulto y en evitación de indebidas dilaciones en la tramitación de este proceso".
En cualquier caso, la presentación de la recusación conlleva según el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD) la suspensión del curso del pleito "hasta que se decida el incidente de recusación", salvo en el orden jurisdiccional penal, en el que el juez de instrucción que legalmente sustituya al recusado continuará con la tramitación de la causa.
El 223 reza que formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa, y que el día hábil siguiente a la respuesta de las partes, la magistrada deberá pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas. Si bien la providencia del Supremo indica que quien decidirá sobre ese incidente será el actual presidente de la Sala Tercera, Segundo Menéndez, es probable que por tiempos acaba instruyendo al respecto el de mayor antigüedad según el escalafón en la carrera judicial.
MOVIMIENTOS EN LA SECCIÓN QUINTA
Cabe recordar que Huerta entró en esta sección en sustitución de las magistrada Ángeles Huet, que pasó por turno a la Sala de Admisión. Además, el incidente llega casi coincidiendo con la salida por jubilación del actual presidente Segundo Menéndez y la entrada de Ángel Ramón Arozamena.
Dado que es previsible, según fuentes consultadas, que el asunto sea resuelto por la sección tras la Semana Santa, la misma quedará conformada por Octavio Herrero como presidente y Wenceslao Olea, Fernando Román e Inés Huerta como magistrados.
La Fundacio Catalana de l'Esplai es, según la información que aparece en su portal web, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión educar a los niños y jóvenes, fortalecer las entidades del Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la inclusión social, con una voluntad transformadora. Se da la casualidad de que a ella perteneció durante años Jordi Turull y que esta fundación reclamó el indulto para él.
LA RECUSACIÓN
En su escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, esta fundación indica que en el momento en el que se resolvió por la JEC sobre las listas electorales ésta "tuvo que entrar en el fondo del proceso de ejecución penal" y por tanto entienden que "puede existir una posible contaminación con la instrucción y resolución" del asunto.
"La resolución fue toda ella a su vez desfavorable a los intereses del Sr. Turull, y dada la contaminación en la resolución y los fines del presente indulto, (...) obligan a esta parte a plantear el presente incidente de recusación para que la Sala pueda analizar la concurrencia o no de las causas de recusación", añade.
Y suma que a su entender la magistrada "podría tener interés directo o indirecto en el presente procedimiento o bien, ya fuera para mantener su posicionamiento derivado de las resoluciones de la Junta Electoral Central, así como por la existencia de una posible contaminación previa con el fondo del asunto que puede determinar su posterior pronunciamiento en el presente asunto".