Abogados de etarras creen la decisión del TC sobre 'doctrina Parot' un "ataque a la nueva fase política" y a los presos

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Abogados de presos de la banda terrorista ETA han denunciado que las últimas decisiones del Tribunal Constitucional sobre la 'doctrina Parot' suponen "un claro ataque" al colectivo de presos (EPPK), "ahondando aún más si cabe en una política penitenciaria cruel que vulnera los derechos más fundamentales", así como un "ataque frontal a la nueva fase política abierta en Euskal Herria", por lo que han llamado a la comunidad jurídica y a la sociedad vasca a "rebelarse".

En rueda de prensa, han comparecido los abogados Alfonso Zenón y Ainhoa Baglieto, junto a la también letrada Arantza Zuluelta y los expresos José Ignacio Gaztañaga, José María Pérez Díaz y Juan María Igarataundi, que han quedado en libertad tras anular, en sus casos, el Tribunal Constitucional la aplicación de la 'doctrina Parot', y Carlos Pérez Juel y Cándido Zubicaray, "que también ha sufrido en su propia carne esta doctrina".

Según han explicado los abogados, solo se les ha notificado el fallo de las resoluciones adoptadas y lo que conocen "oficialmente a día de hoy" es que se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la libertad a tres presos, se deniega el amparo a 19, inadmite el recurso a tres, se admite a trámite 22 y "al menos" otros 20 casos se encuadran pendientes de resolver.

Los abogados han considerado "imposible, sin conocer los argumentos utilizados por el TC, poder realizar un análisis jurídico más concreto sobre las decisiones adoptadas", por lo que tendrán que esperar a que se les notifiquen las resoluciones en su totalidad.

No obstante, han afirmado que "la manera en que se ha procedido por el Tribunal supone una falta absoluta de respeto para con nuestros defendidos y nosotros mismos, creando una indefensión absoluta, pues se mantiene una situación de prisión injusta, que se empezó a aplicar en 2006, sin que los propios interesados sepan las razones de ellos".

A su entender, esta forma de actuar "de nada menos que todo un Tribunal Constitucional, es inaudita en cualquier estado de derecho", lo que, según han afirmado, les lleva a pensar que el Poder Judicial "se ha doblegado al Poder Político una vez más en el Estado español, porque no se entiende de otra manera este proceder".

Tras recordar que se comenzó a aplicar la 'doctrina Parot' en 2006 "por medio de Providencias muchas veces", han denunciado la denegación de la suspensión cautelar de las ampliaciones de condena solicitadas para "no causar perjuicios irreparables a los presos de otorgarse el amparo", así como que el TC "ha tardado más de seis años en responder" a los recursos de amparo presentados "desde que se aplicó la doctrina" y lo ha hecho "sin dignarse a comunicar los argumentos utilizados".

En ese sentido, se han preguntado "qué ocurre ahora con Gaztañaga, Igarataundi y Pérez, los cuales han permanecido 6, 4 y 3 años de prisión injusta e ilegal, ¿cómo se repara el daño causado".

Los abogados han afirmado que no alcanzan a entender "las razones que pueden haber llevado al TC a otorgar el amparo a tres presos políticos y rechazar el de los demás", ya que "las situaciones son similares" y se trata de "casos en ocasiones idénticos".

En su opinión, "no se puede entender una decisión así si no es bajo la aplicación de criterios que no son estrictamente jurídicos, principios como los de proporcionalidad o retrospección, que no son principios constitucionales, sino criterios oportunistas utilizados por el poder político de turno".

Los letrados han denunciado que el Tribunal Supremo, "en febrero de 2006, se reinventó a si mismo y se sacó de la manga otra interpretación del Código Penal totalmente distinta de la que venía aplicando hasta ahora, alargando así de facto las condenas de los presos condenados con el antiguo Código Penal hasta los 30 años de prisión".

"Se cerró así el círculo y se instauró de facto la cadena perpetua" para el colectivo de presos de ETA y, la semana pasada, con la decisión del TC, "hemos asistido a uno de los últimos capítulos de esta operación política con barniz judicial".

Los abogados han anunciado que, una vez que se les notifiquen las resoluciones en totalidad, acudirán a las instancias jurisdiccionales internacionales a su alcance, como el Tribunal de Estrasburgo o la ONU, y estudiarán la posibilidad de revisión de las condenas en base al actual Código Penal, "agotando todas las vías posibles".

Sin embargo, han asegurado que se les hace "muy difícil luchar contra decisiones judiciales que no se fundamentan en normas y principios jurídicos y constitucionales, y que lo único que expresan de forma clara y meridiana es, una vez más, el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político". Por ello, han considerado necesario "derogar todas las doctrinas y normas excepcionales, ya que ningún sentido tiene, si alguna vez lo ha tenido, aplicarlas en el momento actual".

Por todo ello, los abogados han realizado un llamamiento a la "comunidad jurídica de Euskal Herria e internacional" para que se "rebele ante esta inaceptable decisión judicial y haga todo lo que esté en su mano para denunciar tan grave decisión", en referencia a la aplicación de la 'doctrina Parot', "solicitando allá donde les sea posible la derogación de las doctrinas y normas excepcionales que se aplican por parte del Estado español".

Asimismo, han emplazado a la sociedad vasca para que, "todavía con más fuerza que la demostrada hasta ahora si cabe, se rebele y movilice para poner freno a esta estrategia política represora y vulneradora de derechos para con los presos y al bloqueo de la nueva fase política iniciada en Euskal Herria".

LEGALIZACIÓN DE SORTU

Por otro lado, Zenon, preguntado por las declaraciones del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, afirmando que "puede que funcione" un "mecanismo de compensación de endurecer la doctrina Parot y, luego, abrir un poquito la mano con el tema de la legalización de Sortu para conseguir una cierta situación de equilibrio", ha dicho que, "si fuera así, confirmaría lo que nosotros venimos a plantear, que el poder judicial está sometido completamente al poder político" y que la decisión "no estaría basada en principios jurídicos, sino en razones puramente políticas".

Por otra parte, en cuanto al traslado del preso de ETA Aitzol Gogorza, que sufre una grave enfermedad psiquiátrica, de la cárcel de Sevilla a la de Basauri, Zenón ha indicado que "todos los presos enfermos deberían estar en libertad, así se ha solicitado y eso es lo que deberían hacer" y ha añadido que desconocen "qué es lo que quiere decir que hayan traído aquí" a Gogorza o "por qué lo han hecho".