MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado una queja formal al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante las críticas vertidas por representantes de los sindicatos policiales CEP y SUP contra los letrados de Figueres y Guipúzcoa en relación con la asistencia jurídica prestada a los inmigrantes que son expulsados en las fronteras. El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, no ha descartado iniciar "otras acciones legales" contra ellos, al considerar que sus manifestaciones "constituyen un grave atentado contra un derecho considerado universalmente como Derecho Humano".
En una carta remitida al ministro, Carnicer considera que las manifestaciones de estos sindicatos policiales constituyen "además de un total desconocimiento del funcionamiento del servicio público, del trabajo que conlleva y de la indemnización compensatoria, un inútil deseo de alejar responsabilidades que pudieran derivarse de una deficiente actuación policial".
Asimismo, Carnicer califica de "intachable" el trabajo de "los letrados y letradas que cada día", a través de los Colegios de Abogados, prestan a los inmigrantes "la asistencia jurídica y defensa que nuestra Constitución, las leyes y el Tribunal Constitucional reconocen".
Según el CGAE, los portavoces policiales aseguraron que "para el Colegio de Abogados de Figueres sería una auténtica mina de oro el personarse en defensa de los intereses de 84.000 acuerdos de readmisión oficiales que se producen cada año". También afirmaron que para los abogados iba a "resultar bastante rentable, sobre todo para el turno de oficio, y que incluso se podría general un negocio en torno a la defensa".
"DESAFORTUNADAS"
En su opinión, estas manifestaciones, que tacha de "desafortunadas", "no sólo perjudican a los profesionales de la Abogacía, sino que también afectan a la credibilidad en el Estado de Derecho" y "desacreditan los servicios públicos que, en materia de justicia gratuita y defensa, prestan de forma ejemplar los Colegios de Abogados de Guipúzcoa y Figueres".
El CGAE denunció ya en el "Informe de Fronteras Schengen" que no se aplican a los inmigrantes que entran por nuestras fronteras las normas recogidas en la Convención Europa de Derechos Humanos y en las leyes españolas. Por ello, los abogados han manifestado en diversas ocasiones que los inmigrantes a los que se les deniega la entrada tienen derecho a la asistencia letrada, independientemente de su situación en España.
Ante esta situación, recuerda que la Ley Orgánica de Extranjería dispone que "toda persona que sea sometida a un procedimiento que pueda comportar la denegación de su entrada en España debe tener asistencia letrada, de intérprete, conocer los motivos por lo que no puede entrar y los recursos que puede interponer contra la decisión administrativas".
