Los abogados trasladan al Gobierno su preocupación por la posible supresión de los baremos orientativos de honorarios

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha trasladado al Gobierno su preocupación por la posible supresión de los baremos orientativos de honorarios que establecen los Colegios de Abogados por el perjuicio que podría ocasionar a los ciudadanos. En su opinión, "el valor jurídico" que pretenden proteger las normas de competencia "no resulta tutelado sin que los consumidores tengan la posibilidad de conocer cuál es el precio racional de los servicios de los profesionales".

Por ello, el Consejo de la Abogacía ha pedido un informe jurídico, que será analizado por su Pleno, para garantizar la libertad de mercado sin menoscabar el derecho a la tutela efectiva. La Abogacía proclama así que está a favor de la libertad de precios y de la libre competencia con la única limitación de cumplir las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de su defensa.

En un comunicado, Carnicer considera que "el ejercicio de la tutela judicial efectiva tiene singular trascendencia el acceso a la justicia y la liquidación de las costas que se generan con el proceso", por lo que subraya que "de alguna forma habrá que fijar los honorarios que corresponden al abogado y de alguna manera deberá conocer el ciudadano lo que pueden costar los servicios jurídicos y, especialmente lo que podrá recuperar a través de la imposición de costas".

Para Carnicer también es importante "determinar quién y de qué forma debe fijar el normal precio de los servicios jurídicos cuando las Administraciones Públicas concierten estos servicios mediante concurso, actuación cada vez más frecuente".

El máximo responsable del CGAE recalca que "se trata de cumplir escrupulosamente la normativa europea en materia de competencia sin perjudicar lo que entendemos representa el ejercicio de la profesión de abogado como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Por todo ello, Carnicer se compromete a que el CGAE resolverá las asimetrías informativas que hasta este momento se hayan podido producir. "Vamos a recordar en los impresos la libertad absoluta de precios entre el cliente y el abogado para que concierte los honorarios antes de iniciarse el trabajo", apunta.

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

Carnicer recuerda que los honorarios mínimos fueron eliminados mediante la reforma que introdujo en la Ley sobre Colegios Profesionales medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Indica que esas tarifas estuvieron vigentes en Italia hasta el pasado año y añade que, sobre ellas, ya se pronunció el Tribunal de Justicia europeo.

Este órgano, según Carnicer, señaló que corresponde a las autoridades nacionales comprobar si una normativa tal "responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos, en cuyo caso podrían ser aceptadas".