MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha absuelto a Djilali Boussiri del delito de integración por el que la Audiencia Nacional le impuso una pena de 6 años de cárcel al considerarle parte de una red islamista cuyo objetivo fue ayudar a huir a los autores materiales de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Considera que no hay prueba suficiente para condenarle por el hecho de que fuera amigo de uno de los autores materiales de la masacre y compartiera su ideología.
No ocurre los mismo respecto de los otros dos condenados en esta misma causa, Zohair Khadiri y Nassredine Ben Laid Amri, penados con 10 y 2 años de cárcel respectivamente, este último por un delito de falsificación, cuyos recursos han sido rechazados por el alto tribunal.
Respecto de Boussiri, la sentencia del Supremo desgrana los motivos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional, que a su juicio no son suficientes, como que mantenía una amistad de veinte años con uno de los implicados en el atentado y que le había manifestado admiración por encarnar la lucha por sus valore religiosos.
ENTREGAS DE DINERO
La Audiencia Nacional también valoró como pruebas en su contra que vendiera su vivienda en España y se trasladara a Argelia, su país de origen, desconociéndose el destino que hubiera podido dar al dinero obtenido con la referida venta; que entregara 500 euros a un tal Yahja, ignorándose la causa de dicha entrega y que fuera informado por su hermano desde Argelia que la policía de aquel país se había interesado por su paradero.
Para el Supremo estos datos no justifican una condena por integración porque "el hecho de conocer, profesar amistad, compartir ideario en forma meramente teórica y mantener contacto y conversaciones con un miembro de una organización terrorista, sin ninguna otra forma de participación o colaboración con ésta", no puede considerarse integración.
La Audiencia Nacional consideró acreditado que los tres condenados en esta causa estaban integrados en una red islamista cuyo objetivo era ayudar a huir a los autores materiales de la masacre. Disponían de un inmueble al que sus ocupantes denominaban 'Al Kalaa' (La Fortaleza) para dar cobijo a prófugos de la Justicia y a radicales dispuestos a hacer la 'yihad'.
La representante del Ministerio Público defendió esta posición durante la vista pública celebrada el pasado mes de abril para estudiar los recursos de todos ellos. Aseguró que el tribunal no tuvo "ninguna duda" a la hora de dictar su sentencia condenatoria en la que valoró los envíos de dinero remitidos a terroristas, la "ingente" cantidad de material para la falsificación incautada o el hallazgo en sus domicilios de CDS con los discursos de un profesor de la Universidad de El Cairo, "considerados por algunos como un radical salafista".
