Acusación particular pide 12 años de prisión y 15 de inhabilitación para una abogada por supuesta estafa a inmigrantes

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular pide 12 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para una abogada de Bilbao, P.J.G., que está siendo juzgada desde hoy en la capital vizcaína por supuesta estafa continuada a más de 120 inmigrantes al cobrarles en 2004 un total de 600 euros a cada uno por los tramites de regularización, cuando la Ley no lo permitía. Por su parte, la letrada afirma que no aseguró, en ningún momento, a sus clientes que conseguiría la regularización y que les advertía de la posibilidad de una respuesta adversa.

Además, la acusación particular solicita el pago de los gastos ocasionados a los perjudicados, así como una indemnización de 1.000 euros por persona, por el daño moral sufrido, mientras que la petición de condena del Ministerio Fiscal es de ocho años y un día de cárcel, una multa de 7.500 euros y el pago de los gastos a los perjudicados.

Según SOS Racismo Navarra, en el año 2005 esta asociación recibió más de 40 denuncias de personas inmigrantes que habían sido estafadas por esta abogada que, les prometía "arreglarles los papeles (regularizarles) a sabiendas de que esto no era posible con la legislación vigente en aquel momento" y que les cobraba 600 euros por las gestiones. Estas personas, con la colaboración de SOS Racismo, iniciaron la denuncia judicial contra esta abogada, acusándole de un delito continuado de estafa.

En el juicio, que comenzó hoy y concluirá el próximo jueves, la acusada no respondió a las preguntas de la acusación particular, pero ante la Fiscalía afirmó estar "actualizada" en conocimientos de extranjería, materia en la que aseguró que trabaja desde 1993, y reiteró que, en ningún caso, aseguró a sus clientes que les conseguiría la regularización, así como que les advertía de la posibilidad de que su petición fuera rechazada.

Asimismo, P. J.G. defendió su actuación manifestando que sólo cobraba las consultas que le realizaban los inmigrantes y el resto de la cantidad fijada la ingresaba al finalizar los trámites en una cuenta compartida con su madre.

SIN POSIBILIDADES

Por su parte, el abogado de la acusación particular que ejerce SOS Racismo, Luis Fernández, explicó que la acusada tramitaba el expediente, pero sabía que "no tenía ninguna posibilidad de prosperar" y destacó que "todas las resoluciones de las 127 personas que al menos aparecen en el procedimiento que tramitaron los papeles con esta abogada" fueron rechazadas "y ninguna consiguió los papeles".

"Todas las resoluciones fueron devueltas o denegadas porque, por el procedimiento, no podia ser la resolución de otra manera", insistió, Fernández, quién espero que la sentencia sea condenatoria "para que no vuelvan a ocurrir hechos como éste y porque la gente que acudió a SOS Racismo vea que si se les estafó en un momento, ahora se le reconoce el engaño que sufrieron".

"Esperamos que se les indemnice, que es un poco la manera de arreglar el desaguisado que se hizo, ya que, en ese momento, 600 euros para estas personas, que o bien no trabajabn o lo hacian sin papeles, eran en algunos casos el salario que ganaban en un mes", subrayó.

La acusación particular entiende que la actuación de la letrada demandanda no ha sido "algo accidental, ni una equivocación o que ella no tuviera conocimiento, sino que lo sabía porque se dedica a la extranbjería como ella misma reconoce y, evidentemente, era concedora del procedimiento". "Eso es nuestro punto de vista y es lo que vamos a intentar demostrar", concluyó.