La familia del matrimonio fallecido pide que "se haga justicia" tras cinco años y critica que "no se tomaron medidas de seguridad"
CÓRDOBA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los acusados por el derrumbe de una casa en la calle Palomares de Córdoba que tuvo lugar en 2007 y en el que murió un matrimonio después de que la parte posterior de la vivienda se viniera abajo, han asegurado este lunes que desconocían que dicho muro estuviera en mal estado.
Según han asegurado durante el juicio que ha comenzado este lunes el promotor, el contratista y el jefe de las obras que en aquel momento se realizaban en el solar contiguo a la vivienda, no recibieron ninguna advertencia del mal estado del muro, aunque informes de técnicos municipales de unos diez años antes de las obras avisaban del riesgo para los inquilinos por el estado de la medianera.
Está previsto que el juicio se prolongue durante toda la semana, y que comparezcan unas 20 personas, entre ellas los seis acusados, que se han declarado inocentes de los hechos por los que están procesados y por los que la Fiscalía solicita más de 26 años de cárcel y 33.000 euros.
En concreto, el jefe de las obras, A.G.C., para el que el fiscal pide una pena de siete años y seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros, ha señalado que el plan de seguridad no especificaba "nada" sobre el muro colindante, ni los vecinos ni operarios habían comunicado "jamás" incidencias con el muro, a lo que agrega que el muro presentaba "buen estado" y no advirtió el peligro inminente de derrumbe.
No obstante, indica que la zanja que se excavó en el solar contaba con más metros de los autorizados, aunque, según asevera, él no lo ordenó, pero sí se quedó abierta la noche antes del siniestro, pues la tarde anterior "no daba tiempo material para apuntalar el terreno" y apreciaba que el muro se encontraba en "buen estado y no hacía presagiar nada de riesgo". Además, cree que en el derrumbe también influyó "un terremoto" registrado días anteriores o "la lluvia", entre otros factores.
Por su parte, el representante de la empresa promotora, D.E.G., para el que el fiscal pide una pena de una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.750 euros, ha manifestado que ni los técnicos ni por parte del Ayuntamiento se le advirtió de la situación del muro colindante; dice que no tenía conocimiento de que tuviera deficiencias ni que fue devuelto el Estudio de Seguridad y Salud, ni tenía conocimientos de "ningún tipo de anomalías" para el inicio de las obras, y subraya que no se pasó "nunca" por la obra, ni sabía "quién era el encargado de obra".
Mientras, el contratista principal, J.C.M., para el que el fiscal pide dos años y once meses de prisión y multa de 3.750 euros, ha declarado que "no sabía" y no ha escuchado "hasta ahora" que los vecinos se habían quejado de la situación del muro; a lo que agrega que los técnicos no advirtieron de su estado, y dice que la devolución del plan de seguridad no fue por problema con el muro, ni la técnica utilizada en la obra. Igualmente, afirma que "nunca" fue a esta obra, porque se encargaba de "otras".
También están acusados el arquitecto que redactó el proyecto, J.E.B.P., que se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 6.750 euros; el arquitecto técnico que elaboró el estudio de seguridad, J.L.A.P., que se enfrenta a cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 6.750 euros, y el maquinista, J.D.S., para el que el fiscal pide dos años y seis meses de prisión. Además, el Ministerio Público cifra en 178.249 euros la valoración de los daños materiales ocasionados por el derrumbamiento.
Según el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.
LA VOZ DE LA FAMILIA
Entretanto, la hija del matrimonio fallecido ha reclamado que "se haga justicia" después de cinco años, con el fin de quitarse "el peso de encima", al tiempo que critica que los acusados no tomaron "las medidas de seguridad que se tenían que haber tomado".
Según recoge la calificación fiscal, el día 26 de diciembre de 2006, el promotor y el contratista principal firmaron el contrato para la construcción del edificio de diez viviendas, once plazas de garaje y ocho trasteros en un solar de la calle Palomares.
La promotora contaba con licencia de obra nueva concedida por el Ayuntamiento y un proyecto redactado por el arquitecto J.E.B.P., quien asumía también la dirección de la obra. Mientras, al promotor le correspondía la designación de un coordinador de seguridad al concurrir en la ejecución de la obra más de una empresa, obligación que, según el fiscal, no cumplió.
Por otro lado, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado en enero de 2006 por el arquitecto técnico J.L.A.P., a instancia de la promotora, no se ajustaba a la legalidad, pues supuestamente su memoria descriptiva "no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares en cuanto a normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas, así como las prescripciones técnicas sobre las características y utilización de todos los equipos y medios materiales existentes en la obra". Debido a estas deficiencias dicho estudio fue devuelto al objeto de salvar las referidas omisiones.
No obstante y "sin esperar a la aprobación", en enero de 2007 comenzaron las obras con la fase de cimentación "sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la autoridad laboral el preceptivo aviso previo de inicio de los trabajos, ni por la empresa contratista se comunicase la apertura de centro de trabajo a la aludida autoridad". El Ministerio Público considera que estas supuestas irregularidades eran conocidas por el arquitecto, quien "no puso impedimento a la continuación de las obras".
Por parte de la empresa contratista, como jefe de obra, actuaba el acusado A.G.C., quien, por delegación de la empresa, contaba con plenas facultades para impartir órdenes e instrucciones en materia de seguridad. Sin embargo, una persona que ejercía de capataz mantenía diferencias con él sobre el modo en que se estaba realizando la cimentación.
Mientras tanto, el representante de la constructora supuestamente se desentendió de la ejecución de la obra; al tiempo que algunos vecinos manifestaban su temor a que "pudiera producirse un hecho desgraciado" a la vista del desarrollo de los trabajos.
EXCAVACIONES
Para realizar los trabajos de excavación se subcontrató a otra empresa. Así, en la tarde del 20 de febrero de 2007, la máquina retroexcavadora llegó a la obra conducida por el maquinista y acusado J.D.S., con el propósito de realizar las tareas que le fuesen indicadas. Había que proceder a la excavación mediante 'bataches', tal y como se había hecho en otros puntos del muro.
No obstante, el modo en que se acometió esta labor hizo que el capataz mostrase reiteradamente su disconformidad hasta que llegó un momento que mandó parar la máquina debido a la peligrosidad que entrañaba la profundidad y extensión de la zanja, unido al estado en el que se encontraba el muro. Continuaron las labores y el maquinista, "conocedor del riesgo que conllevaba la excavación, en vez de negarse a realizarla decidió atender las indicaciones del encargado", según el fiscal.
Tras una noche muy lluviosa, la labor se reanudó sobre las 8,00 horas del día 21 de febrero, momento en el que el maquinista puso en marcha la máquina retroexcavadora y dos trabajadores debían introducirse en la zanja, pero no llegaron a hacerlo porque "de improviso se derrumbó la parte posterior del inmueble". El accidente sepultó a un matrimonio y a su hijo menor de edad, que sí pudo ser rescatado con vida.
