MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los ocho jóvenes que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por formar parte presuntamente de la organización SEGI y constituir un 'talde' de ETA que ejecutaba acciones de violencia callejera se presentaron hoy ante el tribunal con camisetas idénticas a favor de la independencia y se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal.
De esta manera, el fiscal Luis Barroso se limitó a formular sus preguntas a los acusados, en las que recordaba que los procesados admitieron ante la Policía y el juez de instrucción que formaban parte de la organización SEGI, considerada la "cantera" de ETA y declarada "terrorista" en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en enero de 2007.
El juez mandó callar a varios de los acusados que, al ser preguntados por si tenían intención de responder a la Fiscalía, respondieron que no reconocían al tribunal y que estaban siendo juzgados por ser "militantes políticos". El magistrado interrumpió en varias ocasiones al traductor, asegurando que al tribunal sólo le interesa si van a responder o no, y no "las razones" por las que decida hacerlo.
Con camisetas rojas idénticas con el lema 'Independentzia', los ocho acusados, que tiene entre 20 y 27 años, sólo respondieron a las preguntas de los abogados de la defensa, relativas a las circunstancias en las que se produjeron sus declaraciones ante la Policía. Todos coincidieron en asegurar que fueron hechas bajo amenazas y torturas.
PUELLES PARTICIPÓ EN LA OPERACIÓN
En la primera jornada del juicio, que continuará durante toda la semana, declaró como testigo el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Bilbao quien explicó que la operación que culminó con la detención de los ocho jóvenes fue fruto de una investigación desarrollada en la localidad vizcaína de Markina-Xemein, para esclarecer los ataques de violencia callejera que se venían sucediendo.
Además, al ser preguntado por el fiscal, el agente explicó que el secretario del atestado realizado tras las detenciones no podrá declarar en el juicio, ya que fue asesinado por ETA. Se trataba del inspector de la Policía Eduardo Puelles, que murió como consecuencia de la colocación por parte de ETA de una bomba-lapa en los bajos de su coche.
Según el auto de procesamiento de la Fiscalía, los acusados formaban parte de un grupo que desarrolló su actividad desde principios de 2006 hasta enero de 2008 en la comarca de Lea Artibai y, concretamente, en la localidad vizcaína de Markina-Xemein. La Audiencia Nacional sigue procesos independientes por cada uno de los actos violentos presuntamente cometidos por los procesados.
Todos ellos eran "miembros activos" de SEGI, "organización juvenil creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)" para complementar "la actividad de lucha armada de ETA mediante actos de 'kale borroka' o lucha callejera", según consta en el escrito de acusación del fiscal Luis Barroso.
Los acusados, que fueron detenidos el 23 de enero de 2008, son Estebe Gandiaga Ibarzabal, Urko Pagoaga Leuriondo, Ainhoa Pagoaga Leturiondo, Iban Etxebarria Barinagarrementeria, Borja Oregui Urrutia, Zaloa Zenarrutzabeitia Iruguenpagate, Eneko Etxaburu Markuerkiaga y Eneko Ostolaza Icaran.
En los registros de sus domicilios y de un 'gaztetxe' (casa de la juventud) que frecuentaban en Markina fue incautada información sobre la construcción del tren de alta velocidad y documentación de las ilegales Batasuna, EKIN y Askatasuna. SEGI fue declarada organización terrorista en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en enero de 2007.
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