El agente que investigó a Villarejo dice que su actuación era "diametralmente opuesta" a la de un agente encubierto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Gonzalo Fraga, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo por 'Tándem', ha declarado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de esta macrocausa que la actuación del comisario era "diametralmente opuesta" a la de un agente encubierto porque hasta se anunciaba en Internet.

"No es que no sea un agente encubierto, es que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto, no tiene siquiera puntos en común", ha dicho Fraga, que comparece como testigo, en respuesta a las preguntas que el fiscal anticorrupción Miguel Serrano le ha formulado en esta nueva sesión del juicio por los presuntos trabajos de espionaje que Villarejo habría llevado a cabo en los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor' para distintos clientes.

A este respecto, ha incidido en que CENYT, el grupo empresarial de Villarejo con el que desarrollaba estos encargos privados, se promocionaba abiertamente en una página web como "una unidad de Inteligencia con estrechas relaciones institucionales y operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la administración de justicia".

En opinión de Fraga, ese era el "valor añadido" que vendía públicamente Villarejo, contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información "fuera de mercado", porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.

De hecho, ha hecho hincapié en que "en las primeras reuniones con los clientes desde el minuto uno sobrevuela la condición policial de Villarejo". En 'Iron', por ejemplo, ha contado que "juega con la ambigüedad" para acabar acotando que ya no es comisario en activo, pero "permanentemente vende esa mano" con lo que en las conversaciones grabadas por él mismo en esos encuentros llama "el gremio".

Además, el testigo ha explicado que los agentes encubiertos requieren un "control judicial" que Villarejo no tenía o que, al menos, --ha matizado-- no le consta que tuviera por la documentación a la que los investigadores han tenido acceso a lo largo de sus pesquisas.

"Lo que sí es cierto es que se le asignan identidades operativas", pero para labores de "captación de fuentes humanas", que consistían en el manejo de confidentes y colaboradores de la Policía Nacional, ha precisado a petición de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo.

No obstante, ha querido aclarar que en los archivos encontrados en los primeros registros de noviembre de 2017 donde se hace referencia a esas identidades falsas para obtener información de interés policial que usaba en los años 2013 y 2014 no hay mención alguna a 'Iron' y 'Land', a pesar de que se ejecutaron en esos mismos años. "En el fondo eran encargos que asumía en el marco de sus actividades privadas, no tenía conexión con sus funciones públicas", ha sostenido.

EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

Serrano le ha interrogado en concreto por el informe de compatibilidad elaborado en 2015 que determinó que Villarejo no necesitaba autorización para compaginar su función policial con CENYT porque concluía que dicho entramado societario era para gestionar su patrimonio familiar.

Fraga ha enfatizado que ese supuesto es en realidad una excepción legal que, a su entender, no era posible aplicar a Villarejo porque CENYT tenía un objeto social claro, que era de consultoría y análisis de Inteligencia, no de administración de bienes familiares.

Con todo, ha estimado que ese informe, que dice que se elaboró en 2015 en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Eugenio Pino por el que era entonces su "jefe de Gabinete 'de facto'", el inspector José Ángel Fuentes Gago, fue un "mecanismo de reacción" porque ya empezaban a publicarse noticias sobre Villarejo.

El ahora comisario jubilado declaró en sesiones anteriores del juicio que creía que ese informe fue encargado directamente por el ministro de Interior de la época, Jorge Fernández Díaz.

Villarejo, que se enfrenta a 109 años de cárcel, defiende que CENYT era una estructura autorizada por el Estado para que la usara como tapadera de sus trabajos como agente de Inteligencia para Policía y CNI. Serrano recalcó en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo que es "intolerable" es que se lucrara con ello.

PROVEEDORES DE DATOS

Este lunes, el fiscal también ha puesto el foco en las personas que, presuntamente, proporcionaban a Villarejo los datos de bases policiales de acceso restringido.

Fraga ha señalado como "proveedor de CENYT" al entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el comisario Enrique García Castaño, identificándole "de forma indubitada" con el apodo de 'Big' que usaba Villarejo en sus agendas personales y algunos documentos.

Según el inspector, hay "bastantes" indicios que lo acreditan. Así, ha especificado que, en un archivo Excel incautado en los registros a Villarejo, 'Big' aparece como conductor de dos coches propiedad de CENYT cuyos seguros tenían como tomador al ex jefe de la UCAO y como usuarias a su mujer e hija; que todas las conversaciones grabadas con García Castaño se llaman 'Big'; y que en las agendas siempre habla de felicitar a 'Big' el 12 de mayo, cumpleaños del citado comisario.

Ha recordado en particular un audio que refleja una charla de 2005 entre Villarejo y García Castaño donde "hablan de estructurar su colaboración" de modo que el ex jefe de la UCAO "se compromete a facilitar información y medios técnicos" a cambio de una supuesta "remuneración" mediante "fórmulas que no llamen la atención".

De acuerdo con Fraga, "García Castaño tiene una fuente de financiación ajena a la nómina" que se plasmaría en ingresos en efectivo en cuentas bancarias suyas, de su mujer y su hija en una media de 3.000 euros mensuales.

Para el testigo, no hay duda de que la información que obtiene Villarejo con datos reservados de bancos, Policía, Hacienda o Seguridad Social "sale toda de la UCAO, a veces por vía directa de García Castaño, a veces vía (Constancio) Riaño y (Antonio) Bonilla", otros dos policías, el segundo de los cuales dio el salto al sector privado en 2010 y tres años después firmó un contrato de colaboración con CENYT.

"Esta es la manifestación del 'modus operandi' de CENYT", ha resumido, para apostillar que "en el fondo es una perversión del sistema", puesto que era información que supuestamente obtenían con "abuso" de sus funciones policiales para que Villarejo la comercializara a través de su grupo empresarial logrando así un beneficio económico.

En su comparecencia como acusado, García Castaño negó que respondiera al apodo de 'Big', aseguró que solo dio datos a Villarejo para asuntos oficiales con comprobación previa de que así era con Pino, y que el único dinero que recibió del ahora comisario jubilado fueron adelantos para pagar a confidentes que luego le devolvía.