MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que quiere declarar por escrito por las actividades del que fuera consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo en relación con la trama 'Gürtel'.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha dictado una providencia en la que da un plazo de tres días al fiscal y a las demás partes personadas en la causa para que presenten las preguntas que deseen formular a la testigo.
Ruz resolverá sobre la pertinencia de las cuestiones y elaborará un pliego definitivo que conformará el interrogatorio, que será remitido a Aguirre a fin de que "proceda a dar contestación o información por escrito respecto de los hechos de los que hubiere tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid".
La ex jefa del Ejecutivo regional ha presentado este lunes un escrito ante el Juzgado de Ruz en el que se acoge al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar por escrito sobre los hechos ocurridos durante su mandato.
POSTURA EN CONTRA DE ANTICORRUPCIÓN
El juez Ruz, que adoptó la pasada semana esta diligencia a instancias del Partido Socialista de Boadilla del Monte y con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, señaló que la declaración de Aguirre tiene por objeto "la comprobación de determinados extremos" que forman parte de la instrucción y que, según fuentes jurídicas, apuntalarían la imputación de López Viejo.
A López Viejo se le atribuye haber recibido "cuantiosos pagos" efectuados desde el entorno del cabecilla de la trama Gürtel , Francisco Correa, como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".
En este sentido, el juez señaló que el testimonio de Aguirre podría esclarecer las actividades de López Viejo, quien, según se deduce de la instrucción, ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.
La Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la declaración de Aguirre al considerar que no resultaba "necesaria en el estado actual de la causa", si bien podría confirmar las manifestaciones que realizó a varios medios de comunicación diciendo que le habría prohibido contratar con Easy Concept, mercantil vinculada a la red presuntamente liderada por Francisco Correa.