El alcalde de Noja (Cantabria), citado a declarar hoy como imputado por prevaricación y malversación

Publicado 09/04/2015 7:44:20CET

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha citado a declarar este jueves, día 9, al alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), a los concejales de Obras y Medio Ambiente, Manuel Alonso y Emilio Gándara, respectivamente, y al exsecretario municipal José Luis Sáinz (actualmente jubilado), como imputados por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La declaración está programada a las 9.45 horas y es consecuencia de dos denuncias presentadas por los concejales del PRC por el funcionamiento de un local de hostelería sin licencia, la gestión de servicios públicos sin contrato y la realización de pagos sin consignación presupuestaria.

El PRC interpuso la primera denuncia el pasado junio, a consecuencia de la "pasividad" del equipo de gobierno ante las "actividades sin licencia" de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su "ilegalidad" fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por "inacción y dejación de funciones".

El Grupo Municipal Regionalista decidió acudir al Juzgado tras constatar "numerosas irregularidades administrativas" en el funcionamiento de dicho negocio, desde el año 2009, cuando comenzó a ejercer la actividad de restaurante en una zona del casco tradicional del Noja donde no estaba permitida la actividad hostelera.

Aunque el Ayuntamiento puso en marcha en aquel momento una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para legalizar dicha actividad, la Comisión Regional de Urbanismo la informó desfavorablemente, por lo que el equipo de gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, con la que finalmente facilitó la instalación de establecimientos hosteleros y la ampliación de los horarios de apertura, a juicio del PRC "con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal propietario del local".

A pesar de que finalmente obtuvo licencia como restaurante, el PRC ha indicado que el establecimiento no se limitó a esa actividad, sino que también ofreció servicios de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento, lo cual motivó la denuncia de varios vecinos en 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que confirmó la "ilegalidad" e incluso condenó al Ayuntamiento por no tomar medidas.

SERVICIOS SIN CONTRATO Y PAGOS SIN PRESUPUESTO

La segunda denuncia fue presentada en julio contra el alcalde y el exsecretario municipal por posible prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y un delito contra las garantías constitucionales, por gestionar servicios municipales sin contrato y realizar pagos a empresas sin consignación presupuestaria, y en contra de las advertencias de la Intervención Municipal.

En este caso, el PRC ha recordado que optó por acudir al juzgado ante "numerosas irregularidades administrativas" en la gestión de los servicios municipales por parte de empresas a las que "el Ayuntamiento pagó más de 200 facturas, por importe de 800.000 euros, sin tener presupuesto, ni autorización legal del gasto".

La demanda advertía de la gestión desde 2009 "sin contratos, ni procedimientos de adjudicación y obviando las advertencias realizadas por los servicios de intervención, en más de 50 reparos". De hecho y como consecuencia de esa situación, algunas de las empresas encargadas de los servicios tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar los pagos, lo cual dio lugar a varias sentencias contra el Ayuntamiento, que tuvo que afrontar tanto el coste de los servicios prestados pero no contratados, como los intereses legales por la demora en la liquidación.

Sin embargo, los regionalistas han señalado que esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que el PRC "sospecha de una posible connivencia para asumir la ilegalidad y continuar prestando los servicios", dado que además las "beneficiarias" de tales irregularidades "se repiten de manera casi permanente".