MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, asistirá mañana, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, a la presentación de un manifiesto popular contra la corrupción urbanística, que ya fue publicado hace cerca de un mes en el periódico digital 'La República'.
El pasado 15 de noviembre un grupo de ciudadanos hizo público en internet el manifiesto 'A propósito de Seseña. Por dignidad, no a la corrupción urbanística'. Casi un mes después, los promotores de la idea aseguran que, "casi sin medios", ya son miles las firmas recolectadas a través de la red, entre las que destacan, además de organizaciones como la Asociación Española Pro Derechos Humanos, escritores como Lucía Etxebarría o políticos como Julio Anguita.
El manifiesto, abierto a todos los ciudadanos que quieran suscribirlo, respalda concretamente la "valiente" actitud del alcalde de Seseña frente a la campaña de "amedrentamiento" al que le ha venido sometiendo el empresario inmobiliario Francisco Hernando, más conocido como 'El Pocero'. Precisamente esto justifica la presencia de Fuentes en la presentación oficial del documento.
Pero no sólo se habla de Seseña en el manifiesto. Así, en él se llama a la ciudadanía a decir "basta" ante el "monumental saqueo de riqueza pública que en este país se viene realizando a golpe de pelotazo inmobiliario, recalificación y comisiones ilegales, por multitud de Poceros repartidos por toda la geografía nacional".
"PASIVIDAD" DE LOS PODERES PÚBLICOS
Asimismo, denuncia la "pasividad, cuando no connivencia" de los poderes públicos y de las direcciones de los partidos políticos mayoritarios, que "se limitan a emplear la corrupción inmobiliaria como arma arrojadiza electoral". En el manifiesto se exige, además, el final de la "impunidad" de la que han venido gozando los corruptos y profundas reformas, tanto en la ley como en la ejecución de las leyes que ya existen.
Según resalta, estas reformas tendrían que estar encaminadas a eliminar la "inmensa trama" de intereses económicos privados que nutren la corrupción, entre los que están el beneficio privado derivado de las recalificaciones, la destrucción de patrimonio de suelo público en la práctica totalidad de municipios del país o el "mercadeo incluso con viviendas de protección pública de forma impune".
En suma, se entiende que la corrupción urbanística destruye derechos fundamentales de la ciudadanía reconocidos en la Constitución, siendo el más importante de ellos el derecho a la vivienda, al tiempo que se considera que atajar esta "lacra" sólo será posible por medio de la "presión democrática y contundente de la ciudadanía".