MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, aseguró hoy que si el PSOE consigue la victoria en las elecciones generales del próximo 9 de marzo, el próximo Gobierno realizará "un desarrollo adecuado" del régimen de derechos y deberes de los militares, el mandato legislativo incumplido por el Ejecutivo toda vez que la Ley de Defensa Nacional le obligaba a promover una ley regulando este área tres meses después de la entrada en vigor en noviembre de 2005 de la citada norma.
En declaraciones a la prensa durante su visita al Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz (Madrid), el titular de Defensa dijo que "España es un país que tiene una absoluta solvencia" en materia de derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas y que el PSOE se compromete a regular esta materia.
"El próximo Gobierno, si es del Partido Socialista y espero que lo sea, llevará a cabo un desarrollo adecuado del tema de los derechos, libertades y obligaciones de los militares. Es un compromiso que va a la mejora de ese cupo de derechos y obligaciones. Es un compromiso que va a en el programa electoral y a ese compromiso nos atendemos", aseguró.
El ministro respondió de este modo a una pregunta sobre el hecho de que el programa electoral socialista no incluya el compromiso concreto de una nueva ley de derechos y deberes de los militares, tal y como exigía una disposición adicional de la Ley de Defensa Nacional, acordada por todos los grupos parlamentario y con el apoyo del entonces titular de Defensa, José Bono.
El programa del PSOE, en su actual redacción, contempla el compromiso de "actualizar" el régimen de derechos pero no hace ninguna mención explícita a la aprobación de una norma con rango de Ley.
La aprobación de una norma sobre derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas servirá para abordar uno de los temas más complicados y que más recelos despiertan en las Fuerzas Armadas, el funcionamiento de las asociaciones profesionales, actualmente legales pero restringidas por las sanciones que afrontan sus dirigentes si son militares en activo.
Uno de los últimos ejemplos más significativos de esta situación es el del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo, que lidera el mayor colectivo profesional de militares en activo y que fue arrestado el pasado año durante más de dos meses por dos expedientes distintos, uno por declaraciones en una rueda de prensa y otro por asistir, aunque no uniformado, a la manifestación de la AUGC en enero en la Plaza Mayor de Madrid.
