GRANADA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 1.000 supuestos implicados en el fraude a la Seguridad Social en Granada quedan aún por declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, que hoy convocó a unos 150.
Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, han sido citadas en las sesiones anteriores unas 700 personas, si bien no todas han declarado ante el juez, por recomendación de sus abogados o porque no han acudido al edificio judicial de la Caleta.
Para este mes hay previstas nuevas tandas de declaraciones para los días 17, 28 y 30 de abril, por lo que a final de mes ya podrían haber ofrecido testimonio alrededor de un millar de presuntos implicados, que se estima que podrían rondar la cifra de los 1.800.
El juez trata de determinar cuáles de las personas que fueron contratadas por las empresas supuestamente implicadas en el fraude trabajaron realmente en las mercantiles, que pertenecen al sector de la construcción, para concretar el número de imputados.
La investigación policial, enmarcada dentro de la 'Operación Genil', se diverge en tres ejes. Por un lado se trata de determinar la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro se están analizando las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, la utilización de las filiaciones para conseguir permisos de residencia.
La operación se inició después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras --ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción-- que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
